La organización Acción Ciudadana señaló que las obligaciones de transparencia que el Gobierno de El Salvador adquirió en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) tienen incumplimientos debido a la falta de espacios donde pueda identificarse de forma fácil y precisa la información que debe ser pública con el acuerdo.

Acción Ciudadana identificó ocho compromisos y monitoreó cómo los mismos se han cumplido, por medio de la revisión de sitios web, búsqueda de informes de instituciones de gobierno y ejecución de acciones por parte de instituciones involucradas.

Los ocho compromisos monitoreados incluyen: compras públicas, nuevo marco anticorrupción, fortalecimiento de la Corte de Cuentas, lucha contra el lavado de dinero, independencia judicial y fortalecimiento del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), transparencia y responsabilidad fiscal, criptomonedas y sistema de pensiones.

La organización explicó que eligió los compromisos en función de su relación con la transparencia que el gobierno debe de ofrecer en el ejercicio de sus funciones, y retomó como parte de su evaluación la primera revisión del acuerdo, publicada en julio por el FMI.

“En cuanto al cumplimiento de los diferentes compromisos que han sido monitoreados, se advierte que la mayoría no han sido cumplidos, ya sea porque no ha culminado la fecha establecida o porque no se encontró información que demuestre algún nivel de avance en el cumplimiento de los aspectos verificados”.

Acción Ciudadana

Así, por ejemplo, la organización menciona la aprobación y vigencia de la Ley Anticorrupción, con la que el gobierno asegura que combatirá dicho flagelo. Sin embargo, Acción Ciudadana asegura que no se identificaron acciones preparatorias para cumplir con obligaciones contenidas en la ley, como lo es la instalación del Centro Nacional Anticorrupción, o la implementación de un sitio web donde se publicarán las declaraciones de los funcionarios públicos, tal como lo ordena la ley.

Asimismo, Acción Ciudadana consideró que el gobierno ha cumplido de forma parcial en lo relacionado a transparentar las compras públicas. Esto debido a que si bien se ha añadido en COMPRASAL (sitio web con dicha información) una pestaña con un registro de adjudicaciones, pero la misma no incluye información de respaldo como contratos, órdenes de compra o para profundizar sobre beneficiarios finales.

“No se ha legislado sobre el tema de beneficiario final y la información publicada sobre el tema es mínima en relación con los estándares sugeridos por organismos internacionales. Igual sucede en el tema de propiedad final que si bien existen registros públicos sobre la materia, no se ha determinado el alcance del compromiso adquirido”, apuntó la organización.

Luego, en cuanto al fortalecimiento de instituciones de control, Acción Ciudadana indicó que esto podrá evaluarse mejor cuando se haya aprobado el presupuesto general de la nación para el año 2026, con lo que podrá compararse si instituciones como la Corte de Cuentas o el IAIP mantienen sus presupuestos, o si tienen algún incremento o recorte.