Ayer el pleno del Senado aprobó la reforma que elimina las pensiones millonarias de ex funcionarios públicos, conocidas como pensiones ‘doradas’, de las que gozan 6 mil 292 jubilados que reciben cada mes un monto mayor al salario de la presidenta, que va desde los 300 mil hasta un millón de pesos.

Desde su discusión en comisiones la víspera, la iniciativa del Ejecutivo tuvo el voto unánime a favor de recortar hasta 80 por ciento las percepciones excesivas de ex servidores públicos de dependencias como la extinta Luz y Fuerza del Centro, CFE, Pemex, Banobras, Bancomext y Nafin.

Y cómo no estar de acuerdo. Quién –a excepción de los beneficiarios– estaría en contra de suprimir esos obscenos privilegios que pagamos con nuestros impuestos.

Sin embargo, el verdadero problema no está ahí. La bronca enorme sigue siendo todo el sistema de pensiones, pues no solo siguen comprometidas las finanzas públicas, sino que los trabajadores bajo la ley de 1997, la “generación Afore”, está aún muy castigada.

Vayamos por partes, comenzando con la inmensa carga que representa para el Estado. El gasto del gobierno en pensiones y jubilaciones contributivas y no contributivas representó el año pasado 21.8 por ciento del gasto total, pues las erogaciones sumaron 2 billones 94 mil 82 millones de pesos, mientras que durante 2018 fue de 828 mil 306 millones de pesos. En solo siete años el gasto aumentó 152 por ciento.

¿Cómo es que sigue siendo una carga tan pesada? ¿Pues no precisamente por eso se hizo la reforma zedillista, neoliberal, tecnocrática de 1997, porque se argumentaba que era “insostenible” seguir pagando jubilaciones y se pintaba un escenario catastrófico (que en verdad lo era)?

Para evitar el colapso se optó por modificar radicalmente el sistema de pensiones, transformándolo de un esquema de beneficios definidos con base en un fondo colectivo, a uno de contribución definida y cuentas individuales para trabajadores formales del sector privado, con lo que nacieron las Administradoras de Fondos para el Retiro, las famosas Afore.

La OCDE y el BID han señalado que el sistema de capitalización individual ha sido un éxito porque ha estabilizado la deuda gubernamental, el gasto público en pensiones y ha contribuido a la estabilidad macroeconómica.

¿Y entonces por qué sigue siendo un lastre? Pues porque “no es mágico, no es como que se hace la reforma y ya desaparece el pasivo contingente. Ahí está y es grande”, explica en entrevista Alejandra Macías, directora ejecutiva del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria.

“Estamos gastando un poquito más de 6% del PIB en pensiones y es insostenible, no tiene una fuente de financiamiento. Y básicamente ese gasto es de la generación de transición (porque) los pensionados del esquema anterior no desaparecen (…) el último pensionado del esquema anterior va a ser por ahí de 2040, y después van a vivir mucho tiempo”, detalla a esta columna.

Leer más @elfinanciero