A poco más de un año de la promulgación de la Ley N° 1582, que ajustó la Ley N° 065 de Pensiones, el sistema de jubilación en Bolivia vuelve al centro del debate nacional. La nueva legislatura ha comenzado la socialización de un proyecto de ley que pretende reformar nuevamente la normativa, en medio de cuestionamientos por las limitaciones estructurales del actual modelo.

La iniciativa, impulsada desde sectores académicos y respaldada por legisladores, busca introducir cambios de fondo en un sistema que, según coinciden actores políticos y analistas, no logra garantizar pensiones dignas ni sostenibilidad a mediano plazo.

Un nuevo intento de reforma

El diputado tarijeño Rodrigo Fuenzalida, entrevistado por Plus TLT, informó que el proyecto fue socializado recientemente con la bancada de Unidad, en un trabajo conjunto con la Confederación Universitaria de Docentes (CUD) y asociaciones de jubilados.

Según explicó, la propuesta tiene tres ejes centrales: mejorar las rentas de los actuales jubilados, diversificar las inversiones de los fondos administrados por la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo y fortalecer institucionalmente esta entidad mediante procesos meritocráticos.

Uno de los puntos más sensibles es la gestión de los recursos. De acuerdo con el legislador, el 99,7% de los fondos está concentrado en bolivianos dentro del sistema financiero nacional, lo que limita la rentabilidad y expone los aportes a la pérdida de valor adquisitivo.

“Este proyecto no es improvisado, es una propuesta trabajada durante años por el sistema universitario, con una proyección de sostenibilidad de hasta 100 años”, afirmó.

Pensiones bajas y poder adquisitivo

Uno de los principales cuestionamientos al sistema actual es el bajo nivel de las pensiones. Fuenzalida señaló que el monto máximo de jubilación ronda el 24% del salario, lo que se traduce en ingresos insuficientes para cubrir las necesidades básicas.

A esto se suma el impacto de la inflación. Según explicó, tras la última modificación a la ley, el ajuste de las pensiones fue de apenas 4,5%, mientras que la inflación superó el 19%, generando una pérdida real cercana al 15% para los jubilados.

“Hay personas que reciben 400 o 500 bolivianos, lo que no les permite retirarse dignamente ni dar paso a nuevas generaciones en el mercado laboral”, cuestionó.

El legislador también advirtió que un alto porcentaje de aportantes no llega a jubilarse. Alrededor del 55% de las personas fallece antes de cumplir la edad de retiro.

Apertura del Ejecutivo

Desde el ámbito académico, el ejecutivo de la Confederación Universitaria de Docentes, Carlos Salinas, señaló que el Gobierno ha mostrado apertura para discutir modificaciones a la ley.

Salinas indicó que el proyecto fue presentado al Ejecutivo y recibió una “buena recepción”, lo que abre la posibilidad de encaminar su tratamiento en la Asamblea Legislativa.

El dirigente adelantó que el siguiente paso será canalizar la propuesta a través de la Brigada Parlamentaria de Tarija para cumplir el procedimiento legislativo.

Recordó que una iniciativa similar ya había sido socializada en la anterior gestión, pero no prosperó debido a la polarización política.

Problemas estructurales del sistema

Para el analista económico Fernando Romero, la discusión actual evidencia problemas de fondo que no fueron resueltos en las reformas previas.

Romero advierte que más del 70% de los trabajadores en Bolivia se encuentra en la informalidad, lo que reduce significativamente la base de aportantes y debilita el sistema.

Además, señala que las pensiones actuales, en muchos casos, no superan el 30% o 40% del salario previo, lo que desincentiva la jubilación.

“Hoy muchos profesionales prefieren seguir trabajando porque al jubilarse sus ingresos se reducen drásticamente”, explicó, citando el caso de docentes que perciben entre 15.000 y 20.000 bolivianos, pero que al retirarse reciben apenas una fracción de ese monto.

A esto se suma el envejecimiento de la población y la presión sobre el Fondo Solidario, factores que podrían comprometer la sostenibilidad del sistema en el mediano plazo.

Hacia un sistema mixto

Frente a este panorama, Romero plantea la necesidad de una reforma integral basada en un sistema mixto con cuatro pilares: Un pilar contributivo individual fortalecido; Un pilar solidario focalizado; Un pilar universal ampliado, que incluya mejoras a la Renta Dignidad; Un pilar voluntario con incentivos para el ahorro previsional.

Asimismo, propone una jubilación flexible entre los 60 y 65 años, junto con ajustes graduales en la edad de retiro.

Uno de los aspectos es la diversificación de inversiones. El analista sugiere que los fondos puedan invertirse en mercados internacionales para mejorar la rentabilidad, en lugar de concentrarse exclusivamente en el ámbito nacional.

El ahorro previsional como palanca industrial

Otros analistas como Edith Gálvez promueven el uso intensivo de los recursos del fondo jubilatorio en la industria nacional, lo que permitirá fortalecer el sistema creando nuevos puestos de trabajo, aumentando la competencia y, por ende, también los salarios y la base de cotizantes.

En su lectura, se trata de una lógica de retorno sistémico: el ahorro previsional que financia producción local genera empleo, el empleo amplía la base de cotizantes, y una base de cotizantes más amplia fortalece el propio fondo. “El círculo tiene un cortocircuito, porque los bancos del sistema financiero captan actualmente más del 50% del Fondo de Pensiones a través de depósitos a plazo fijo y otros instrumentos, concentrando el flujo del ahorro previsional en el sector financiero antes que en el productivo”, dice Gálvez.

Frente a ese esquema, la emisión de bonos corporativos y los procesos de titularización en la Bolsa Boliviana de Valores representan una vía alternativa que, cuando es accesible, permite a las empresas obtener financiamiento de largo plazo a tasas inferiores a las del crédito bancario, con el fondo de pensiones como comprador institucional directo.

“El caso de Las Lomas, empresa siderúrgica de capital 100% boliviano, ilustra el alcance de ese mecanismo, pues a través de un programa de bonos y una titularización de flujos futuros, la compañía financió el 54% de un plan de inversión industrial de USD 180 millones sin recurrir a deuda externa ni a inversión extranjera directa”.

La empresa fue fundada en 1969, inició la construcción de su planta siderúrgica en 2017, comenzó operaciones en 2021, y recién en 2024 lanzó su primer programa de emisión de bonos. “Más de cinco décadas de historia institucional y un proceso de adecuación organizacional que demandó aproximadamente USD 10,5 millones repartidos entre sistemas ERP, consultoría especializada, auditorías y costos regulatorios, para acceder a un programa de captación de USD 80 millones”.

Según Gálvez, la relación de ocho a uno del ejemplo solo se vuelve alcanzable si la empresa tiene la escala y el capital previo para financiar esa preparación, barrera de entrada que define un problema estructural. De las aproximadamente 300.000 empresas registradas en Bolivia, alrededor de 10.000 están constituidas como sociedades anónimas, y apenas 51 han emitido algún tipo de valor en la BBV a lo largo de toda su historia.

La BBV cuenta con una Mesa de Negociación PyME, pero la normativa vigente restringe ese mecanismo a pagarés de corto plazo, instrumentos que no resuelven el financiamiento industrial. Para ampliar el universo de emisores nacionales se requeriría, según investigadores del área, la acción conjunta del gobierno, la ASFI, la bolsa y los intermediarios: líneas de prefinanciamiento bancario para costear el proceso de preparación, requisitos escalonados según el tamaño del emisor, y fondos de garantía para empresas sin calificación de grado de inversión.

“El mercado de capitales boliviano puede financiar la industria nacional. Pero hay que ver cuántas empresas pueden permitirse llegar hasta esa puerta”, concluye Gálvez.

 

 

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