Una decisión del Consejo de Estado frenó el paso de billones de pesos y reavivó las tensiones entre el Gobierno, las administradoras de pensiones y la autoridad judicial. Este es el panorama.

Los dineros de las pensiones fueron uno de los temas centrales en las disputas políticas y debates de la opinión pública esta semana. Esto por cuenta de una decisión que tomó el Consejo de Estado, que no fue bien recibida por el Gobierno de Gustavo Petro.

Todo el lío comenzó con la reforma pensional, ya que esta abría una oportunidad de traslado entre regímenes para las personas a las que no les aplicaba la nueva ley.

De este modo, a quienes les faltaran menos de 10 años para recibir su pensión podían recibir una doble asesoría y decidir si quedarse en una administradora privada o en Colpensiones. Esa parte de la ley está vigente, pese a que en junio de 2025 la Corte Constitucional suspendió la entrada en vigencia de la reforma pensional, con la excepción de los artículos sobre el traslado.

De este grupo de personas, a la fecha, la Superintendencia Financiera establece que 32.803 afiliados que ya consolidaron su derecho pensional. De ellos, 24.331 ya están recibiendo su mesada por parte de Colpensiones, pero el dinero no le ha llegado a la entidad.

La reforma dice que el dinero ahorrado a un fondo que manejará el Banco de la República. Pero como no está vigente, el Gobierno Nacional sacó un decreto para trasladar los recursos de quienes se trasladaron y, especialmente, de los que ya están recibiendo su mesada, cuyo monto total asciende a COP 8,7 billones, según la Superfinanciera.

Pero el 28 de abril, la Sección Segunda había suspendido una parte de las medidas, con la que se había ordenado el traslado de más de COP 27 billones a Colpensiones. Para ese caso, los dineros correspondían a quienes se habían pasado de fondos privados al público, pero no se han pensionado.

Y esta semana, el alto tribunal también decidió suspender el traslado de COP 5 billones de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a Colpensiones y dejar sin efecto la totalidad del decreto que ordenaba el paso de los dineros. Así volvieron a crecer las tensiones entre el Ejecutivo y el poder judicial.

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, dijo que las suspensiones decretadas por el Consejo de Estado estarían priorizando los intereses de las administradoras de fondos privados por encima de los derechos de los pensionados.

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