El Gobierno Nacional abrió un nuevo frente en la disputa por los recursos de la reforma pensional. Los ministros de Hacienda, Germán Ávila Plazas, y de Trabajo, Antonio Sanguino Páez, solicitaron formalmente a la Superintendencia Financiera de Colombia verificar si las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) trasladaron de manera “suficiente, íntegra y completa” los recursos de los afiliados que se movieron hacia Colpensiones.

La petición se produce en medio de la controversia por cerca de $5 billones correspondientes a los ahorros de personas que migraron desde los fondos privados hacia el régimen público y que actualmente reclaman allí el reconocimiento de su pensión.

El caso adquirió una mayor dimensión política y financiera luego de que el presidente Gustavo Petro ordenara investigar a los fondos privados de pensiones, mientras el Consejo de Estado frenó temporalmente el traslado de esos recursos y de otros $20 billones adicionales, a la espera de que la Corte Constitucional tome una decisión definitiva sobre el futuro de la reforma pensional.

La carta que encendió la nueva controversia

En una comunicación enviada al superintendente financiero, César Ferrari, los ministros argumentaron que existen “discrepancias en las cifras y en el número de afiliados reportados por las Administradoras de Fondos de Pensiones” frente a los traslados de recursos desde el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) hacia el Régimen de Prima Media administrado por Colpensiones.

La carta, fechada en Bogotá y del 19 de mayo de 2026, solicita que la Superfinanciera adelante “acciones de supervisión, control y vigilancia” para proteger los derechos de cerca de 132.000 afiliados y pensionados que cambiaron de régimen.

Según el documento, el Ejecutivo considera que existe un “riesgo financiero derivado de la incertidumbre” sobre los montos efectivamente trasladados y sobre la información reportada por las AFP.

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