Portavoces del grupo Construyamos Otro Acuerdo advirtieron que la propuesta del Ejecutivo de aumentar la pensión mínima que reciben mensualmente los jubilados del sistema público a $1,000 es contraria al artículo 83.4 del Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) del gobierno central que fue certificado por la jueza Laura Taylor Swain en enero del 2022.

“No queremos que nuestros pensionados, el sector más vulnerable, ya que muchos de ellos lo que reciben son pensiones de $400 y $500, sean utilizados como un balón político en este país. La gobernadora (Jenniffer González) debe decir si consultó esta medida con la Junta de Control Fiscal (JCF) antes de presentarla a la Legislatura porque puede ser que, aun teniendo una fuente de financiamiento recurrente identificada, se busque anular esto en la corte de Quiebras”, reclamó Ramón Santiago, uno de los portavoces de la organización compuesta por mesas de trabajo de pensionados en diversos municipios.

El artículo 83.4 sobre mantenimiento de pensiones establece que antes del décimo aniversario de la entrada en vigor del PAD el Ejecutivo o cualquiera de sus entidades “no implementará legislación existente o promulgará nueva legislación para crear o aumentar pago alguno de pensión de beneficios definidos y obligación para los jubilados actuales o futuros”.

“Esa es una prohibición absoluta. Aunque se encuentre el dinero y se determine neutralidad fiscal, está prohibido cualquier aumento. Nosotros queremos dejar claro que no es que nos estamos oponiéndonos a la medida, ya que representa un acto de justicia; lo que cuestionamos es si el gobierno conocía cuál es la posición de la junta fiscal sobre esto antes de presentar el proyecto o si ya se reunieron para discutir el asunto o llegaron a un entendido”, sostuvo.