Jubilarse en cuanto se alcanza la edad legal está dejando de ser la única opción mayoritaria entre quienes terminan su carrera laboral. Hasta agosto de 2026, el 11,6% de las nuevas pensiones de jubilación correspondieron a personas que voluntariamente habían retrasado su retiro, frente a menos del 5% en 2019. Al mismo tiempo, la edad media efectiva de acceso a la jubilación ha pasado de 64,4 años en 2019 a 65,4 años actualmente, una evolución alimentada tanto por el crecimiento de la jubilación demorada como por la reducción de las salidas anticipadas.

La tendencia podría intensificarse considerablemente. Un trabajo de Ángel de la Fuente, director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), proyecta que aproximadamente tres de cada diez nuevas jubilaciones podrían producirse por encima de la edad ordinaria en las próximas décadas. Es decir, la incidencia de la jubilación demorada pasaría desde el entorno del 10%-12% actual hasta cerca del 30%. No se trata de una previsión oficial de la Seguridad Social ni significa que el 30% de todos los pensionistas vayan a trabajar después de la edad legal, sino de una estimación de comportamiento sobre las futuras nuevas altas.

Vivir más también cambia la decisión de cuándo jubilarse
La explicación de Fedea resulta llamativa porque resta protagonismo a los incentivos económicos aprobados por el Gobierno. El estudio considera que el principal motor del retraso será la mayor esperanza de vida prevista en las proyecciones demográficas. Si una persona espera pasar más años jubilada, necesitará financiar un periodo de retiro más largo y puede tener mayores incentivos para prolongar su carrera profesional y seguir acumulando ingresos y derechos de pensión.

Además, retrasar el retiro resulta más atractivo cuanto mayor sea el tiempo durante el que posteriormente se puede disfrutar de la recompensa económica asociada a esa demora. El modelo también apunta al aumento del nivel educativo de las próximas generaciones de trabajadores, que tiende a estar asociado con empleos menos exigentes físicamente y carreras laborales que pueden prolongarse con mayor facilidad. Por eso Fedea sostiene que las jubilaciones demoradas crecerían de forma importante incluso aunque no se hubieran reforzado los incentivos legales.

De menos del 5% al 11,6% en siete años
Los datos de la Seguridad Social muestran que el cambio ya está ocurriendo. Hasta agosto se habían registrado 247.161 nuevas altas de jubilación en 2026 y el 11,6% fueron demoradas voluntarias, 6,8 puntos porcentuales más que en 2019. Al mismo tiempo, el 68,9% de los nuevos jubilados accedió a la pensión a su edad ordinaria.

La evolución coincide con las reformas introducidas desde 2022 para hacer menos atractivo abandonar anticipadamente el mercado laboral y más beneficioso permanecer trabajando después de poder jubilarse. Sin embargo, Fedea considera que no todo el aumento observado puede atribuirse a esas modificaciones. Su modelo califica el efecto directo de los nuevos incentivos como relativamente reducido y recuerda que antes de la reforma ya existían bonificaciones por prolongar la actividad.

Qué gana un trabajador por retrasar la jubilación
El sistema actual permite elegir entre diferentes recompensas. Una persona que continúa trabajando después de alcanzar su edad ordinaria puede recibir un 4% adicional de pensión por cada año completo de demora, optar por una cantidad a tanto alzado o escoger una fórmula mixta que combine ambas opciones. Desde los cambios que comenzaron a aplicarse en 2025, a partir del segundo año de demora también pueden computarse periodos adicionales superiores a seis meses, que generan un 2% adicional en la modalidad porcentual.

La elección se realiza cuando se solicita finalmente la jubilación. Quien escoge el incremento porcentual añade ese complemento a su futura pensión durante el tiempo en que la cobre; quien opta por el pago único recibe una cantidad cuya cuantía depende, entre otros elementos, de los años cotizados y de la pensión que le correspondería. Desde agosto de este año se encuentra además plenamente desarrollada la nueva regulación de las fórmulas de jubilación flexible y de la opción mixta del complemento por demora.

La edad legal también lleva años subiendo
A la decisión voluntaria de trabajar más tiempo se suma otro fenómeno diferente: la propia edad ordinaria de jubilación está aumentando gradualmente. En 2026 pueden jubilarse a los 65 años quienes hayan cotizado al menos 38 años y tres meses; quienes no alcancen ese periodo tienen que esperar hasta los 66 años y diez meses. Desde 2027, el calendario previsto por la reforma culminará en 67 años para quienes no acrediten al menos 38 años y seis meses cotizados, mientras quienes alcancen esa carrera podrán mantener el retiro a los 65.

Por eso conviene distinguir entre edad legal y edad efectiva. Que la edad media de jubilación haya subido hasta 65,4 años no significa que todos los trabajadores estén obligados a esperar hasta entonces. Es el resultado combinado de diferentes grupos: personas que se jubilan anticipadamente, otras que lo hacen a su edad ordinaria y quienes continúan trabajando voluntariamente después de ella.

Fedea cree que los incentivos explican solo una parte del cambio
El Gobierno ha utilizado la jubilación demorada como una de las herramientas para contener el gasto del sistema durante los años en que se jubilará la generación del “baby boom”. Retrasar un año la entrada de un trabajador supone inicialmente un ahorro porque durante ese periodo continúa cotizando y todavía no cobra la pensión. A cambio, cuando finalmente se jubila recibe una prestación más elevada o el correspondiente incentivo económico.

Precisamente sobre el efecto presupuestario existen discrepancias importantes. Los modelos oficiales de la Seguridad Social, la AIReF y otros organismos no arrojan exactamente los mismos resultados que los utilizados por Fedea. El trabajo de De la Fuente advierte de diferencias relevantes en las proyecciones a largo plazo y reclama incorporar mejor cómo reaccionan los ciudadanos a los cambios en las reglas de jubilación, ahorro y pensiones.

Fedea sostiene que el efecto de los incentivos aprobados desde 2021 ha sido una “mejora incremental” respecto a un sistema que ya premiaba la demora con porcentajes adicionales de entre el 2% y el 4%. Según su análisis, sería la longevidad, más que el complemento económico por sí solo, la que acabaría llevando las jubilaciones demoradas hacia el entorno del 30%.

Trabajar hasta más tarde no es igual de fácil para todos
La tendencia tampoco afecta de la misma forma a todos los trabajadores. Prolongar una carrera profesional resulta más viable en determinados trabajos de oficina o actividades menos exigentes físicamente que en profesiones con desgaste corporal, turnos nocturnos o especial peligrosidad. El propio sistema contempla mecanismos de jubilación anticipada para algunos colectivos y recientemente se han ampliado los procedimientos para determinar qué profesiones pueden beneficiarse de coeficientes reductores.

Esto significa que el aumento de la edad efectiva no debe interpretarse como que todos los españoles trabajarán necesariamente hasta edades cada vez más avanzadas. La evolución dependerá de la profesión, el estado de salud, los años cotizados, la cuantía de la futura pensión y la situación económica personal, además de los incentivos que continúe ofreciendo el sistema.

Lo que sí muestran los datos es un cambio significativo: hace siete años menos de cinco de cada cien nuevas jubilaciones eran demoradas y ahora son más de once. Si el modelo publicado por Fedea se cumple, en las próximas décadas podrían acercarse a 30 de cada cien, convirtiendo trabajar después de la edad ordinaria en una opción mucho más habitual de lo que ha sido tradicionalmente en España.

Leer más @democrata