La Cámara de Comercio de Lima (CCL) expresó su rechazo al Proyecto de Ley N.° 00469-2026-2031-CD, que plantea un nuevo retiro de hasta 4 UIT (S/22 000) de los fondos de las AFP para enfrentar los efectos del fenómeno El Niño. Sería el noveno retiro desde 2020.

El gremio empresarial, que representa a más de 10 000 empresas asociadas, advirtió que la medida no llegará a quienes más lo necesitan y que, en cambio, reducirá las pensiones, encarecerá el crédito y dejará una cuenta que terminarán pagando todos los peruanos.

“El Niño es una emergencia real y exige una respuesta real. Pero las emergencias se atienden con recursos públicos y ayuda dirigida a los damnificados, no con la jubilación de los trabajadores”, señaló la CCL.

El dinero no llegará a quienes más lo necesitan

Tras ocho retiros, cerca de 4 millones de afiliados ya no tienen un sol en su cuenta, según la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), y casi 8 millones, de un total de 10.2 millones, tienen menos de S/5500. Para la gran mayoría, los S/22 000 que anuncia el proyecto simplemente no existen.

Quienes sí conservan saldos altos son, en su mayoría, trabajadores formales con ingresos estables. En cambio, el agricultor, el pescador y el pequeño comerciante del norte, que serán los más golpeados por las lluvias, trabajan casi siempre en la informalidad (70.2 % del empleo en el país y 94.8 % en el campo, según el INEI) y no tienen fondo que retirar. Después del octavo retiro, los depósitos en soles crecieron 15.1 % en un año, impulsados por ese dinero, según el Banco Central de Reserva (BCRP). Buena parte del ahorro solo cambió de cuenta.

Un forado en el ahorro de todos

Desde 2020 han salido de los fondos de pensiones cerca de S/140 000 millones, el 13 % de todo lo que el país produce en un año. El ahorro previsional cayó de 22 % a 9.9 % del PBI, de acuerdo con el BCRP. Ese ahorro no solo paga pensiones: también financia obras del Estado e inversiones de las empresas, y de él dependen las tasas de los créditos de largo plazo, como el hipotecario.

Cuando las AFP deben vender sus inversiones para pagar los retiros, las tasas de interés suben. El BCRP ha documentado que esas ventas elevaron las tasas de los bonos del Tesoro y que ese encarecimiento se trasladó al financiamiento de las empresas. En simple: menos ahorro significa crédito más caro para la familia que quiere su casa y para la empresa que quiere invertir y contratar.
No es una advertencia aislada. El Directorio del Fondo Monetario Internacional pidió en mayo evitar nuevos retiros; el Ministerio de Economía y la SBS opinaron en contra de las iniciativas de noveno retiro presentadas en el primer semestre, y el presidente del BCRP calificó la propuesta de “irresponsabilidad completa”.

La cuenta la pagaremos todos

El proyecto propone que quien retire mantenga el derecho a la pensión mínima de S/600, y su propia exposición de motivos reconoce un posible impacto fiscal a futuro. En la práctica, el trabajador gasta hoy su ahorro y mañana el Estado, con los impuestos de todos, cubre lo que falte. El Consejo Fiscal advirtió en 2024 que extender la pensión mínima a quienes retiraron sus fondos elevaría su costo hasta 1.1 % del PBI en el largo plazo. Hoy, 65 de cada 100 adultos mayores no están afiliados a ningún sistema de pensiones (INEI); vaciar las cuentas agrava ese problema.

Para el trabajador, el costo también es alto. Un cálculo sencillo lo muestra: por cada sol que una persona de 40 años retira hoy, deja de tener cerca de S/2.70 al jubilarse. Retirar S/22 000 equivale a renunciar a casi S/59 000 de su fondo de jubilación. Y recuperar lo retirado toma entre 11 y 16 años de aportes, según la SBS.

Alternativas

El Niño ya llevó al BCRP a recortar su proyección de crecimiento a 3.2 %, y la inflación cerraría el año en 4.2 %, por encima de la meta. No es momento de sumar otro golpe al ahorro. El Perú tiene con qué responder: su deuda pública, cercana al 30 % del PBI, es una de las más bajas de la región.

Ante ello, la CCL propone:
*Ayuda directa, focalizada y temporal a los hogares damnificados, financiada con recursos públicos.
*Seguro agrario y pesquero: activar y ampliar coberturas para que el productor recupere su capital de trabajo.
*Crédito de emergencia con garantía del Estado y reprogramación de deudas para las mypes de las zonas afectadas.
*Alivio tributario y obras: prórroga de obligaciones tributarias en las zonas declaradas en emergencia y ejecución acelerada de la prevención.

“Es cierto: ese dinero es de los trabajadores. Por eso mismo hay que cuidarlo para cuando más lo van a necesitar”, remarcó el gremio.

La CCL exhortó a la Cámara de Diputados a archivar la iniciativa y puso a disposición del Congreso y del Ejecutivo su equipo técnico para trabajar medidas que protejan a las familias afectadas sin comprometer las pensiones ni la estabilidad económica del país.

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