El envejecimiento de la población colombiana podría comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas y reducir el crecimiento económico en las próximas décadas, si no se adoptan políticas para contrarrestar sus efectos.

Así lo advierte un estudio del Banco de la República sobre el cambio demográfico y sus impactos económicos, que proyecta un aumento de las presiones fiscales por el gasto en pensiones y salud, así como un deterioro de los indicadores de deuda pública bajo determinados escenarios.

El documento señala que Colombia atraviesa una transformación acelerada de su estructura poblacional, marcada por la caída de la fecundidad, el aumento de la esperanza de vida y los cambios en los flujos migratorios. Este proceso ya se refleja en una reducción de la población infantil y un incremento de los adultos mayores, con consecuencias para el mercado laboral, la actividad productiva y la financiación de los bienes y servicios públicos.

Una de las principales conclusiones del estudio es que el cambio demográfico podría reducir el crecimiento económico de estado estacionario, es decir, la tasa de crecimiento de largo plazo hacia la que converge la economía bajo determinadas condiciones. Según las estimaciones presentadas, pasaría de 2,6% en 2025 a 1,5% en 2045, en un escenario en el que el envejecimiento reduce el impulso de la población sobre la actividad económica.

La desaceleración está relacionada con la disminución de la población en edad de trabajar y el aumento de la proporción de adultos mayores. En las últimas décadas, el crecimiento poblacional de Colombia pasó de alrededor de 3% en los años 60 a cerca de 1% en años recientes, principalmente por la rápida reducción de las tasas de fecundidad. El estudio advierte que esta transformación condicionará las posibilidades de expansión de la economía.

Los cambios también se reflejan en la composición por edades. Entre 2005 y 2018, la población de niños, niñas y adolescentes de cero a 14 años disminuyó de cerca de 13 millones a alrededor de 10 millones, mientras que el número de personas mayores de 60 años aumentó de menos de 4 millones a casi 6 millones. Esta recomposición modifica las necesidades de gasto público y la disponibilidad futura de trabajadores.

El estudio destaca que la transición demográfica colombiana sigue patrones observados en otros países de América Latina, aunque la reducción de la fecundidad y de la tasa de dependencia ha sido más acelerada. Además, la transformación ocurre con niveles de ingreso inferiores a los de economías más desarrolladas y con desigualdades regionales persistentes, condiciones que pueden limitar la capacidad de respuesta de las instituciones y las finanzas públicas.

Gasto en pensiones y salud aumentaría las presiones fiscales
El frente fiscal concentra uno de los principales riesgos identificados por el Banco de la República. Las simulaciones muestran que, en ausencia de reformas estructurales, el envejecimiento poblacional generaría un incremento persistente del gasto primario, impulsado principalmente por mayores transferencias destinadas a los sistemas de pensiones y salud. Estas presiones podrían ampliar los desequilibrios fiscales y dificultar la financiación de las obligaciones del Gobierno Nacional Central (GNC).

En el escenario presentado por el documento, el déficit fiscal primario se ampliaría significativamente hacia 2070, mientras que la deuda del Gobierno Nacional Central superaría el 150% del producto interno bruto (PIB). Una trayectoria de este tipo también elevaría el costo del financiamiento soberano, al aumentar las necesidades de recursos para cubrir las obligaciones públicas. El estudio subraya que estos resultados dependen de las tendencias demográficas y de los supuestos utilizados en las simulaciones.

La presión no responde únicamente al envejecimiento. El análisis señala que la trayectoria ascendente de las transferencias públicas también está relacionada con la informalidad laboral, una base limitada de cotizantes y el aumento tendencial del costo de la atención médica, asociado, entre otros factores, con la incorporación de nuevas tecnologías y tratamientos. La combinación de estos elementos puede incrementar las necesidades de financiación de los sistemas de protección social.

El documento compara estos resultados con escenarios demográficos alternativos. En un escenario contrafactual sin cambio demográfico, las presiones sobre el gasto social serían menores y los déficits fiscales y niveles de deuda resultarían sustancialmente más bajos. Por el contrario, bajo un escenario de envejecimiento más acelerado, los desequilibrios se intensificarían, con déficits primarios más elevados y una trayectoria de deuda que el estudio califica como insostenible.

Estos resultados muestran la sensibilidad de las cuentas públicas a la evolución de la población y la importancia de anticipar sus efectos en el diseño de la política fiscal. La disminución de la fecundidad también reduce el tamaño de la población en edad escolar, lo que puede abrir oportunidades para reasignar recursos educativos hacia mejoras en cobertura y calidad. Sin embargo, el aprovechamiento de esos ahorros dependerá de las necesidades de cada sector y de las decisiones de política pública.

Reformas para mitigar el impacto fiscal del envejecimiento
Ante estos desafíos, el Banco de la República plantea una combinación de medidas para amortiguar los efectos económicos y fiscales del cambio demográfico. Entre ellas están el aumento de la participación laboral, especialmente de las mujeres, las mejoras en productividad, la formación de trabajadores calificados, una mayor eficiencia del sistema de salud y los ajustes graduales en la edad de pensión. El estudio señala que los resultados pueden mejorar cuando estas políticas se implementan de manera conjunta.

La formalización laboral también ocupa un lugar central en las recomendaciones. Una mayor proporción de trabajadores y empresas vinculados a la economía formal podría ampliar la base de cotizantes y facilitar el acceso a la protección social. A esto se suman la inversión en educación de calidad, la formación técnica y los programas de reentrenamiento continuo, que permitirían adaptar las capacidades laborales a los cambios tecnológicos y favorecer la productividad.

En el sistema de salud, el documento destaca la necesidad de mejorar la eficiencia, revisar los esquemas de contratación y fortalecer las estrategias de prevención y promoción. Estas acciones buscan contener el crecimiento de los costos y garantizar la provisión de servicios en un contexto de mayor demanda por parte de una población envejecida. La coordinación entre salud, pensiones y mercado laboral será determinante para reducir las presiones fiscales de mediano y largo plazo.

El estudio también identifica alternativas para reorganizar el gasto público. Entre ellas, examina la posibilidad de reasignar recursos del Sistema General de Participaciones destinados a educación hacia salud, aprovechando los ahorros derivados de la disminución de la matrícula escolar, así como fortalecer los recursos propios del régimen contributivo mediante mayores contribuciones al sistema. Según las simulaciones, estas alternativas permitirían reducir las presiones sobre el Gobierno Nacional Central en cerca de 1% del PIB.

El cambio demográfico, además, exige respuestas diferenciadas por región. Mientras los territorios con poblaciones más jóvenes tienen la oportunidad de fortalecer el capital humano y aprovechar el bono demográfico, las zonas con envejecimiento acelerado deberán preparar sus sistemas de salud, las opciones de cuidado y la infraestructura para atender a las personas mayores. La migración también requiere políticas de regularización, acceso a servicios y acumulación de capital humano que permitan aprovechar su potencial económico.

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