A las puertas de una nueva reforma al sistema previsional, un análisis actuarial elaborado por la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) junto al Fondo Monetario Internacional (FMI) revela que la mayoría de pensionados del Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP) en El Salvador sobreviven con ingresos mínimos.

Según el informe, el 57% de los beneficiarios del sistema privado, es decir casi seis de cada diez jubilados, reciben únicamente la pensión mínima de $304.17, que tras un incremento del 30% aprobado en 2022 alcanzó los $400 mensuales. Sin embargo, distintos expertos advierten que esta cifra sigue siendo insuficiente frente al costo de vida actual.

El especialista Patricio Pineda, miembro de la Mesa por una Pensión Digna, señaló que esta realidad refleja el fracaso del modelo de ahorro individual, el cual no ha garantizado pensiones adecuadas para la mayoría de trabajadores.

“Es un sistema deficitario que no solo entrega pensiones bajas, sino que además aumenta la presión sobre los trabajadores activos y sobre el Estado, que al final termina siendo el garante”, indicó Pineda.

Baja cotización y salarios reducidos

El estudio también evidencia un problema estructural: aunque el sistema registra más de 2.1 millones de afiliados hasta diciembre de 2024, solo 1.1 millones realizaron al menos una aportación, y apenas el 36% cotizó durante los 12 meses del año.

A esto se suma que, según datos recopilados por Pineda, el 78% de los cotizantes aporta sobre un salario base de $500, lo que limita directamente el monto de ahorro acumulado para la jubilación.

De acuerdo con un estudio de Fundaungo (2020), únicamente el 40.7% de los cotizantes logra cumplir con los requisitos mínimos de retiro, que son: edad de jubilación (60 años hombres y 55 mujeres) y 25 años de cotización.

Las mujeres, las más afectadas

La situación es aún más desfavorable para las mujeres, debido a que sus salarios suelen ser menores y su tiempo de cotización es más irregular. Además, durante el permiso de maternidad (4 meses), muchas dejan de cotizar, reduciendo sus aportes y afectando su futura pensión.

Fondos invertidos en deuda estatal

Otro factor determinante es la baja rentabilidad del ahorro previsional. Actualmente, cerca del 80% del fondo de pensiones está invertido en instrumentos financieros del Estado, lo que genera rendimientos reducidos y limita el crecimiento de las cuentas individuales.

Esto se traduce en una baja tasa de reemplazo. Según una evaluación de la calificadora SCRiesgo, esta tasa apenas alcanza el 33%, lo que significa que un trabajador que cotizó con salario de $500 recibiría aproximadamente $165 mensuales al jubilarse, muy por debajo de la pensión mínima.

Cuenta Solidaria podría quedarse sin fondos en 2029

La Ley Integral de Pensiones establece que el pago de las jubilaciones se calcula con base en el saldo individual del afiliado. Si este monto no alcanza, entra en juego la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS), creada en 2017 y financiada con el 6% de las aportaciones de trabajadores y empleadores.

No obstante, el informe actuarial de SSF y FMI advierte que esta cuenta también es deficitaria y no podrá sostener el pago futuro.

“La evidencia sugiere que la cuenta individual de la mayoría de jubilados de 2024 se agotaría en los próximos dos años, ejerciendo una presión considerable sobre la CGS”, señala el documento.

El mismo análisis proyecta que para el año 2029 los activos de la CGS se agotarán, por lo que el Estado deberá buscar nuevas fuentes de financiamiento.

Reforma inevitable por presión fiscal

Economistas advierten que esta situación incrementa la presión fiscal, ya que desde 2006 el Estado dejó de financiar directamente las pensiones del sistema anterior (INPEP) y comenzó a recurrir a la emisión de deuda.

Actualmente el Gobierno emite alrededor de $400 millones anuales en deuda previsional, pero se prevé que a partir de 2027 el gasto aumente en más de $600 millones solo en intereses, además de garantizar una rentabilidad del 7% para los trabajadores.

En el marco del acuerdo con el FMI, El Salvador debe reducir sus pasivos previsionales y alcanzar un balance primario del 3.7% del PIB en 2027. Sin una reforma, advierten economistas, esa meta sería imposible.

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