En un avance significativo para la gestión financiera de los entes territoriales, el Congreso de la República aprobó en último debate el proyecto de ley que moderniza el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet) mediante la actualización de la Ley 549 de 1999, que llega después de 26 años.

Todo esto con el propósito de garantizar un manejo más eficiente, eficaz y transparente de los recursos destinados al cubrimiento del pasivo pensional en el país y garantizar un mejor acceso a los servicios de este fondo por parte de los ciudadanos.

El proyecto fue liderado por el representante a la Cámara Wilmer Castellanos, del Partido Verde, quien celebró el logro destacando que se trata de una transformación profunda en la administración del Fonpet, gracias a la que espera que haya mayor autonomía de las regiones en el uso de los dineros del Estado para esta finalidad.

“Hoy celebramos un gran avance. Esta actualización garantiza que los entes territoriales tengan mayor participación y autonomía en la gestión de sus recursos, sin necesidad de acudir constantemente al Ministerio de Hacienda para acceder a los fondos excedentes”, expresó el congresista tras la votación.

Según explicó Castellanos, el Fonpet fue creado en 1999 como un mecanismo para financiar los pasivos pensionales de las entidades territoriales, un tema históricamente complejo debido a la carga financiera que estos representan para municipios y departamentos. Sin embargo, la normativa vigente hasta ahora había generado múltiples trabas administrativas que hacían de la gestión de estos recursos un proceso engorroso.

En este sentido, explicó que el objetivo del proyecto aprobado es eliminar la “tramitomanía” que durante años ha afectado a los gobiernos locales y de esta forma poner fin a “la dependencia de los entes territoriales frente al Ministerio de Hacienda. Ahora, los recursos que alimentan la bolsa del Fonpet podrán ser gestionados directamente por los territorios, siempre que se cumpla con el cubrimiento del 100% del pasivo pensional en sectores como salud, educación y propósito general”.

Entre las novedades introducidas por la ley se encuentra la creación de un sistema en línea y en tiempo real que permitirá a los alcaldes y gobernadores conocer el estado de su cuenta, sus obligaciones y sus excedentes, facilitando así el retiro ágil de recursos una vez se cubran los pasivos correspondientes.

Además, se elimina la figura de los intermediarios que, en muchos casos, ofrecían servicios de gestión a cambio de comisiones, lo que generaba gastos adicionales e incertidumbre en la administración de los fondos.

Otro aspecto relevante de la ley es que garantiza el cubrimiento del 100% de los pasivos pensionales de los entes territoriales en un plazo máximo de 19 años, es decir, para el año 2044 y aunque algunos sectores podrán cubrirlo antes, el objetivo es lograr una sostenibilidad financiera a largo plazo, especialmente en áreas como salud y educación.

La nueva normativa también incluye la obligación de que el sistema en línea mantenga actualizada la información sobre el cubrimiento de los pasivos, lo que permitirá a los entes territoriales identificar rápidamente si tienen recursos excedentes disponibles para retiro. De esta manera, se busca fomentar una cultura de transparencia y control financiero en la administración de los fondos pensionales.

El proyecto de ley fue aprobado con amplio respaldo en la Cámara de Representantes, gracias al trabajo conjunto de diversos sectores políticos y según Castellanos, el éxito del proyecto radica en que fue concebido con una perspectiva de beneficio común, dejando de lado diferencias partidistas. “Trabajamos de la mano con alcaldes, gobernadores y diferentes bancadas para asegurar que el proyecto respondiera a una necesidad histórica de los territorios”, concluyó.

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