La reforma pensional del gobierno de Gustavo Petro volvió a quedar en suspenso, luego de que la Cámara de Representantes suspendiera el debate de varios asuntos que estaban pendientes por orden de la Corte Constitucional.

La decisión es clave para definir el calendario de implementación de la reforma, cuya entrada en vigor está prevista actualmente para el primero de abril de 2027. Sin embargo, esa fecha también está sujeta a las decisiones que adopte la Corte frente a las solicitudes presentadas por el Banco de la República, Colpensiones y el Ministerio de Hacienda.

Hace varias semanas la Corte había dejado pendientes varios artículos y una proposición aditiva porque las iniciativas relacionadas con esos asuntos no fueron discutidas por la Cámara. La corporación tiene plazo hasta este jueves, 29 de octubre, para realizar el debate correspondiente. Tras este paso, se espera que el alto tribunal verifique si se cumplieron las condiciones para subsanar los puntos pendientes.

En la sesión de este martes, que se levantó luego de las 8 de la noche, se negaron dos de las proposiciones que la Corte había ordenado tramitar. Cuando se estaba votando la tercera iniciativa se suspendió la reunión y se convocó a los representantes para retomar la discusión este miércoles, 28 de octubre, a las 10 de la mañana.

Luego de ese trámite, el alto tribunal deberá revisar si se subsanaron las omisiones identificadas y determinar los pasos siguientes para la aplicación de la Ley 2381 de 2024.

Días atrás, la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías (Asofondos) ha reiterado que las administradoras privadas trabajan con el escenario de que la reforma comenzará a regir el primero de abril de 2027, mientras se conocen las decisiones definitivas.

Banco de la República, Colpensiones y Hacienda piden ajustes
La implementación de la reforma pensional se ha enfrentando a diversas solicitudes institucionales que podrían modificar el calendario o aclarar las condiciones para su aplicación.

El Banco de la República, por ejemplo, solicitó una aclaración sobre las fechas de entrada en vigor, especialmente para establecer desde cuándo podrá realizar las inversiones relacionadas con el nuevo sistema pensional.

Colpensiones, por su parte, pidió una modulación temporal del fallo de la Corte Constitucional para que la reforma no entre en vigor el primero de abril de 2027, sino un año después. El argumento de la entidad es que necesita más tiempo para completar los ajustes operativos y tecnológicos que le permitan funcionar bajo el nuevo esquema.

A estas solicitudes se suma el incidente de impacto fiscal presentado por el Ministerio de Hacienda. El Gobierno sostiene que la reforma genera costos durante 2027 que no están contemplados en el Presupuesto General de la Nación.

Por esa razón, la cartera busca que la entrada en vigor de la ley no se produzca antes de finalizar 2027, de modo que su aplicación corresponda a la vigencia presupuestal de 2028.

Mientras se define el calendario definitivo, las administradoras privadas Protección, Porvenir, Colfondos y Skandia aseguran que han avanzado en la preparación tecnológica y operativa que exige la reforma.