Colombia. Corte da tres días más a la Cámara para entregar actas de la reforma pensional y definir el futuro de la ley
La Corte Constitucional emitió el Auto 841 de 2025, con el que decidió otorgarle a la Cámara de Representantes tres días adicionales para entregar las actas de las sesiones extraordinarias del 27 y 28 de junio, en las que se adelantó la subsanación del trámite de la reforma pensional.
Según el alto tribunal, esos documentos son indispensables para emitir un pronunciamiento de fondo sobre la constitucionalidad de la Ley 2381 de 2024, que aprobó la nueva reforma pensional.
La prórroga fue solicitada por el presidente de la Cámara, Julián López, y busca ganar tiempo para allegar el material probatorio. Sin embargo, la Corte fue clara al decir que sin las actas completas no habrá decisión de fondo.
La demanda que puso en jaque la reforma pensional
Todo este lío jurídico se originó por la demanda de inconstitucionalidad que interpuso la senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia.
La congresista argumentó que en el proceso de formación de la ley se evadió el debate en la plenaria de la Cámara de Representantes, un requisito clave del procedimiento legislativo.
La sala plena de la Corte encontró indicios de un vicio de procedimiento en el trámite de la reforma.
En esa jornada previa se habría anunciado, sin el quórum requerido, el debate de la reforma. En palabras de Garrido: “han admitido que la plenaria del 27 de junio nunca se llevó a cabo y, por lo tanto, nunca se anunció el debate de la reforma pensional, como lo exige la ley”.
La Corte recordó su propia jurisprudencia en la sentencia C-161 de 2024: “las actas de las sesiones y certificados son los medios de prueba por excelencia… es el medio oficial escrito de publicidad de sus actos”.
La reacción de Petro frente al retraso
Mientras la Corte analiza el expediente, el Comando Nacional Unitario, que agrupa a varias centrales de trabajadores, convocó a un plantón este 3 de septiembre frente al Palacio de Justicia en Bogotá.
El objetivo es presionar a la Corte para que agilice su decisión, pues la incertidumbre ha generado inquietud tanto entre pensionados como en el Gobierno.
El presidente, Gustavo Petro, no ocultó su frustración con la demora en la aprobación definitiva de la ley. Sin embargo, dijo asumir el costo político de la espera.
“Tendrá un costo indudable, por la demora de la aprobación de la ley por la Corte Constitucional, pero la asumo porque la justicia social y la paz son un bien supremo”, afirmó.
La invitación es a identificar en cada municipio a los mayores de 75 años sin pensión ni bono previo, para ponerlos en contacto con las oficinas regionales del Departamento de Prosperidad Social (DPS).
La meta oficial es llegar a 3 millones de adultos mayores en todo el país, en un esfuerzo paralelo a la reforma que hoy está en suspenso.
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