El proyecto con el que se busca ajustar el modelo de pensiones en Colombia sigue suspendido. La Corte Constitucional aún no ha oficializado el Auto 841, que ordenaba la devolución de la reforma pensional al Congreso para subsanar un vicio de trámite por el que fue demandada.

En su más reciente columna, el exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, se refirió a la iniciativa, haciendo énfasis en los cambios que traería al sistema y las salvedades a tener en cuenta si es que el alto tribunal decide dar el aval para que se ponga en marcha.

Aprobada la reforma, el sistema contará con tres pilares básicos: solidario, semicontributivo y contributivo. 

El primero brindará un ingreso mensual equivalente a la línea de pobreza extrema a todos los adultos mayores en condición de pobreza y vulnerabilidad. Su objetivo, según explica Ocampo, es eliminar la pobreza extrema de este grupo poblacional, con una cobertura mucho más amplia.

Por otro lado, el pilar semicontributivo busca dar una renta vitalicia las personas que hayan cotizado más de 300 semanas, pero menos de las que exige la ley para tener una pensión. Ese monto también estará contemplado para quienes no sean elegibles para el pilar solidario.  

Ahora bien, el tercer pilar reemplaza el modelo diseñado por la Ley 100, en el cual los regímenes de prima media y ahorro individual competían entre sí.

El exministro Ocampo señaló que de dársele luz verde al proyecto, la Corte Constitucional “debe darle al Banco de la República los meses adicionales que ha pedido para que se expidan los decretos de implementación y se firme el contrato entre el Gobierno y el Banco para administrar el fondo que se constituirá con excedentes del pilar contributivo administrado por Colpensiones”. También indicó que este fondo permitirá reducir los costos fiscales y evitar que la reforma afecte el mercado de capitales.

De igual forma, indicó que en los próximos años será necesario debatir algunos ajustes. Esto incluye retornar a la propuesta original de 1.000 semanas para el período de transición, en vez de las 750 para mujeres y 900 para hombres que establece la reforma, y volver a establecer que las mujeres requieren 1.300 semanas de cotizaciones para garantizarles una mejor pensión.

Lo anterior también incluye comenzar a evaluar si la transición demográfica exige aumentar las edades mínimas de jubilación. “Este debate se deberá dar en el seno del comité técnico creado por la reforma pensional para entregar al Gobierno y al Congreso recomendaciones a ese respecto”, añadió.

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