En las últimas horas se conoció que la administradora colombiana de pensiones, Colpensiones, hizo una solicitud muy importante a la Corte Constitucional: aplazar un año más la entrada en vigencia de la nueva reforma pensional, que tendría que empezar a regir a partir del primero de abril de 2027.

La entidad solicitó que esta comenzara a aplicarse el primero de abril de 2028, es decir, un año después.
La solicitud se realizó el 22 de septiembre, este martes, y la magistrada Paola Meneses, presidenta de la Corte Constitucional, confirmó desde Bucaramanga que esta será analizada como cualquier otra solicitud y que la Sala Plena de la Corte revisará los argumentos expuestos.

La presidenta de la Corte indicó que esta solicitud entrará a hacer parte del expediente y que la Sala Plena tendrá que analizarla en su momento. Sobre este tema, Meneses fue muy hermética y no entregó mayores detalles.

“Todas las solicitudes que llegan a la Corte son analizadas; de manera que esa es una solicitud que entrará en el expediente y la sala plena de la Corte tendrá que analizar en su momento para decidir y proferir una decisión”, dice la presidenta. Indicó que entiende la situación, pero que deben sentarse a analizar los argumentos y, posteriormente se tomará una decisión en el menor tiempo posible.

Los argumentos de Colpensiones:

Entre los argumentos que habría presentado Colpensiones ante la Corte Constitucional para solicitar que la entrada en vigencia de la reforma pensional se aplace hasta el primero de abril de 2028 está la complejidad logística que implica poner en marcha el nuevo modelo.

La entidad advierte sobre el reto que representaría la migración masiva de información, teniendo en cuenta el volumen de historias laborales y de afiliados que tendrían que ser trasladados y adaptados al nuevo sistema.
Según Colpensiones, este proceso requiere tiempo suficiente para garantizar que los datos sean trasladados, integrados y verificados correctamente, sin poner en riesgo la información de los cotizantes.

Otro de los puntos estaría relacionado con las pruebas técnicas que deben realizarse antes de la entrada en operación del nuevo modelo.

Allí se incluyen procesos de homologación de datos, validaciones de los sistemas y requerimientos de ciberseguridad que, según la entidad, deben cumplirse de manera rigurosa para reducir el riesgo de fallas informáticas, interrupciones en los servicios o pérdida de información.

Colpensiones también habría advertido sobre el desafío que representa aumentar considerablemente el número de afiliados que quedarían bajo su administración.

La implementación de la reforma supone cambios importantes en la operación de la entidad y, por eso, sostiene que necesita contar con el tiempo suficiente para adecuar sus sistemas, procesos y capacidad operativa.

En ese sentido, otro de los argumentos estaría relacionado con la capacidad institucional del Estado para cumplir, dentro del plazo establecido, con todos los requerimientos necesarios para poner en funcionamiento el nuevo sistema.

Para Colpensiones, mantener el calendario actual podría generar traumatismos si los procesos tecnológicos, operativos y administrativos no están completamente preparados para esa fecha.

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