La Reforma pensional continúa en vilo. Esto tras la resolución de la Sala Plena de la Corte Constitucional que decidió recusar al magistrado Héctor Carvajal, y luego de que los otros ocho jueces tuvieran un empate en la decisión, el conjuez Carlos Pablo Márqueztiene el veredicto final en caso de continuar la decisión dividida. Lo que genera preocupaciones en torno a cuánto demoraría citar a una nueva Sala Plena y qué pasará con las personas que hasta ahora se han trasladado de fondos de pensiones.

De acuerdo con Jerome Sanabria, experta en Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP): “Con la designación del conjuez Márquez a la pensional: declararán vacancia judicial, los magistrados podrán retomar estudiando futuras recusaciones en caso de que las haya y se puede tomar el tiempo que quiera para decidir”.

Es decir, llegará el 2026 y los colombianos aún continúan sin saber qué pasará con el futuro de sus pensiones. De otro lado, se debe saber que aquellas personas que se trasladaron, pues aun si se llega a caer la reforma, estos quedarán en firme al hacerse bajo el velo de la legalidad.

Pero Andrés Velasco, presidente de Asofondos, advirtió en conversación con el programa Mañanas Blu de Blu Radio, que los recientes movimientos de afiliados están encendiendo alarmas en el sector. Solo entre enero y octubre, cerca de 110.000 personas se trasladaron de los fondos privados a Colpensiones, lo que implicó el movimiento de alrededor de $25 billones. Ante este panorama, el gremio ya envió dos cartas a la Corte Constitucional pidiendo que, sea cual sea el sentido del fallo sobre la reforma pensional, se adopte una modulación que evite efectos financieros inesperados.

Velasco explicó que, “si la Corte termina tumbando la reforma, volvería a regir únicamente la Ley 100, que obliga a que todos los recursos trasladados migren directamente a Colpensiones”. Para Asofondos, esto es especialmente delicado porque Colpensiones funciona como un fondo de reparto, es decir, un mecanismo que no ahorra, sino que utiliza los recursos para pagar las pensiones actuales. Enviar esos $25 billones a esa entidad, advierte, desfinancia las pensiones futuras y aumenta el pasivo pensional del país, tensionando aún más la sostenibilidad fiscal.

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