La crisis de Air-e suma un nuevo capítulo judicial. La Fiscalía General de la Nación formulará imputación de cargos contra dos exfuncionarios que hicieron parte de la administración de la empresa durante la intervención liderada por el hoy ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, en 2024.

De acuerdo con información de Semana, una comunicación oficial del Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla, la audiencia de formulación de imputación fue programada para el 9 de julio de 2026, a las 11:00 de la mañana, contra Hernán Alberto Silva Doncel y Diego Acosta Osorio por el presunto delito de administración desleal.

Ese delito contempla penas de entre cuatro y ocho años de prisión. Sin embargo, debido a los agravantes que tendría el caso, la condena podría ubicarse entre seis y diez años.

Silva Doncel se desempeñó como jefe de compras y Diego Acosta Osorio ocupó el cargo de secretario general durante la administración de Edwin Palma, quien fue el primer interventor designado por el Gobierno para Air-e.

Deuda de 2,5 billones de pesos

La actuación judicial ocurre en medio de la compleja situación financiera que enfrenta la compañía.

Desde que la Superintendencia de Servicios Públicos intervino Air-e en septiembre de 2024, el Gobierno modificó la regulación para obligar a las empresas generadoras a seguir suministrando energía a la comercializadora, aun cuando esta dejara de pagar por el servicio.

Como consecuencia, la empresa acumuló una deuda de 2,5 billones de pesos con corte al cierre de mayo de 2026.

De ese monto, 1,7 billones de pesos corresponden a obligaciones con los generadores térmicos, actores fundamentales para respaldar el sistema eléctrico nacional durante fenómenos climáticos como El Niño. El saldo restante se adeuda a compañías de generación hidráulica y transmisión de energía.

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