Ante los excesos y abusos cometidos por gobiernos panistas y priistas al autorizar pensiones millonarias para miles de extrabajadores de confianza que laboraron en Petróleos Mexicanos, en la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, en la Comisión Federal de Electricidad, en el INDEP y en otros órganos descentralizados y autónomos de gobierno como el Banco de México y la banca de desarrollo, la presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo anunció la semana pasada que promoverá una reforma constitucional para “prohibir las pensiones millonarias a costa del dinero del pueblo”.

Lo mismo sucede en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde el ministro presidente Hugo Aguilar declaró en días recientes que el máximo órgano de justicia del país revisará las pensiones de ministras y ministros en retiro que superan el tope salarial constitucional que tiene como base el salario de la presidenta de la República.

“Les puedo adelantar: va a haber una iniciativa de reforma constitucional, porque se están analizando todos los derechos laborales, digamos, para no afectar ningún derecho para ellos, solamente con una reforma constitucional, que ponga un límite a este abuso”, indicó la primera mandataria y precisó: “no se busca afectar derechos laborales, sino que se reduzca a pensiones justas. Entonces, va a haber una reforma constitucional, se los adelanto, y se va a presentar en este periodo”.

Sólo de Pemex y de la CLyFC suman cerca de 5 mil pensionados que ganan más que la presidenta Sheinbaum Pardo, lo cual es un abuso al que estaban acostumbrados los políticos de antaño, pues en la paraestatal petrolera les otorgan pensiones que rebasan los 400 mil pesos mensuales, mientras que en la CLyFC llegan hasta el millón de pesos mensuales.

En el caso de Pemex, hay 544 pensionados que tienen un ingreso mensual superior al de la presidenta Sheinbaum, de los cuales 15 extrabajadores petroleros reciben por mes 340 mil pesos; otros 8 tienen una pensión de entre 320 mil a 399 mil 999; 115 entre 300 mil y 319 mil pesos; 133 ganan entre 280 mil y 299 mil 999 pesos; 94 más tienen ingresos por 260 mil a 279 mil 999, y 179 jubilados reciben entre 240 mil a 259 mil 999 pesos.

El Estado eroga del presupuesto público 24 mil 844 millones de pesos para pagar las pensiones de 22 mil 316 personas jubiladas pertenecientes al régimen de confianza; de éstas, los 544 que reciben montos supriores a las percepciones de la presidenta representan un costo de 1 mil 827 millones de pesos anuales; 618 casos también reciben más de lo asignado al director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, y 1 mil 96 superan el monto máximo establecido en el tabulador salarial vigente.

Esa lista de pensionados de Pemex hay muchos funcionarios de niveles superiores de las administraciones anteriores al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y reciben ingresos públicos 39 veces mayores a los del promedio nacional.

De esa lista de 544 pensionados de lujo en Pemex, los primeros 20 que cobran más ocuparon puestos directivos en la empresa de entre 20 y 35 años, y son: Marcos Ramírez Silva; Roberto Ramírez Soberón; Miguel Tame Domínguez; José Antonio Escalera Alcocer; Circuncisión Juan Javier Hinojosa Puebla; Gustavo Hernández García; Manuel Javier Ortiz de María; Armando Leal y Santa Ana; Luis Puig Lara; Abundio Juárez Méndez; Víctor Manuel Alcerreca Sánchez; José Refugio Serrano Lozano; José Manuel Alvarado Doria; Cutberto Orlando Azuara Pavón; Alejandro Martínez Sibaja; Carlos Arnoldo Morales Gil; José Luis Fong Aguilar; Jorge Humberto Freyre Rizo; Adrián Brígido Moral Piñeyro, y Lauro Jesús González González.

Para evitar que haya pensiones tan elevadas, se realizan mesas de trabajo entre la Consejería Jurídica y la participación de funcionarios del IMSS, ISSSTE, INDEP, Pemex, CFE y secretarías de Hacienda y Anticorrupción para revisar la legalidad de todas estas pensiones y, en su caso, también someter a revisión algunas consideraciones a cambios constitucionales en lo que se realizan los cambios legales; también se emitirá un oficio circular para normar todos los requisitos de pase de supervivencia de manera coordinada con las dependencias y las entidades que son responsables de los casos de jubilación.

También se firmarán convenios de colaboración con Renapo y Registros Civiles para actualizar los padrones de pensionados, y se emitirá un oficio regular para homologar la integración de los expedientes, pues hay personas son supuestamente más de 100 años que todavía tiene en estos rangos de altas pensiones.

LOS 20 EXFUNCIONARIOS CON MAYORES PRIVILEGIADOS EN PEMEX
De acuerdo con la base de datos de las pensiones de Pemex, se observa que los primero 16 que aparecen en la lista de los más beneficiados, obtienen entre 4.2 millones y 4 millones de pesos brutos anuales; 173, perciben entre 3.9 millones y 3.5 millones al año; 315, entre 3.4 millones y 3 millones de pesos; y 40, entre 2.9 millones y 2.8 millones de pesos anuales brutos.

La pensión más alta en Pemex, que asciende a 4 millones 240 mil 521.9 pesos brutos anuales, la cobran dos exfuncionarios petroleros: Marcos Ramírez Silva y Roberto Ramírez Soberón. Ese monto, supera en 1 millón 614 mil 161.1 pesos lo que cobra actualmente la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo; es decir, 47.3 por ciento más.

Ramírez Silva se jubiló en 2006. Su último cargo en la petrolera fue como director corporativo de Operaciones (de 2005 a 2006). Él estuvo al frente de PMI Services North America en Houston, Texas, desde la creación (en 1988, durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari) de esa empresa privada ciento por ciento propiedad de Pemex, hasta 1992, cuando asumió la Dirección Comercial de Productos Petrolíferos y Petroquímicos en PMI Comercio Internacional.

Además, en los sexenios de Ernesto Zedillo y Vicente Fox se desempeñó como director de Pemex Gas y Petroquímica Básica. Fue con el zedillismo cuando esa subsidiaria abrió la puerta a Enron para la compra de gas natural.

Roberto Ramírez Soberón fue director de Pemex Gas y Petroquímica Básica en el sexenio de Felipe Calderón (entre 2006 y 2010). Su jubilación se dio por órdenes del entonces presidente de la República, quien lo destituyó del cargo para colocar a uno de sus cercanos colaboradores: Jordy Herrera Flores.

Como cabeza de la subsidiaria PGPB, Ramírez Soberón impulsó la privatización de toda la cadena de valor: procesamiento de gas natural y sus líquidos, transporte, almacenamiento y comercialización, así como los ductos y gasoductos (documentó en su momento Contralínea). Tras su salida, la Auditoría Superior de la Federación documentó irregularidades en contratos con empresas como Tuboscope México, filial de Tuboscope Vetco International Inc., por lo cual debería de estar sujeto a proceso penal.

En tercer lugar, de los pensionados en Pemex se encuentra Miguel Tame Domínguez, con un ingreso anual bruto de 4 millones 236 mil 327.90 pesos, monto que supera en 1 millón 609 mil 967.10 pesos el ingreso de la presidenta Sheinbaum. Ello, a pesar de haber sido implicado en investigaciones del caso de corrupción Odebrecht. Fue director de Pemex Refinación, cargo que le fue asignado directamente por Calderón en 2009, y que mantuvo en el sexenio de Peña Nieto (hasta 2016).

Su conexión con el caso Odebrecht se deriva de la adjudicación de un contrato, en 2014, a la filial Constructora Norberto Odebrecht, en asociación con ICA Fluor Daniel, para trabajos relacionados con la refinería de Salamanca, Guanajuato.

De acuerdo con las declaraciones juradas ante la justicia estadunidense, la trasnacional brasileña corrompió al círculo cercano a la campaña presidencial de Peña Nieto, y los amaños en los contratos ocurrieron cuando Emilio Lozoya Austin estuvo al frente de Pemex.

Entre los más privilegiados con pensiones millonarias pagadas por el erario nacional también está José Antonio Escalera Alcocer, quien obtiene 4 millones 230 mil 945.99 pesos brutos al año, lo que representa 1 millón 604 mil 585.19 pesos más de lo que percibe la presidenta.

En su paso por la petrolera, Escalera Alcocer se desempeñó como subgerente de Geología de Yacimientos, Región Norte; administrador del Activo de Exploración Reynosa (1997-2001); gerente de Diagnóstico y Análisis de Riesgo (2002-2003); administrador del Activo Integral Poza Rica-Altamira (2003-2004); administrador del Activo Integral Burgos (2004-2007, periodo en el que cayó la producción); y subdirector de Exploración (2007 -2015).

En la lista de los más beneficiados sigue: Circuncisión Juan Javier Hinojosa Puebla, con una pensión anual bruta de 4 millones 230 mil 945.99 pesos, que representa 1 millón 604 mil 585.19 pesos más que la primera mandataria. Este exdirector de Pemex Exploración y Producción, cargo que asumió en abril de 2016, fue denunciado públicamente en 2019 por presuntos actos de corrupción en la petrolera y por poseer varias propiedades en México.

Durante su paso en la Dirección General de PEP, se acusó a la subsidiaria de contratar a sobreprecios, que sus altos funcionarios cobraban sobornos, moches y comisiones. Tenía bajo su mando a 50 mil trabajadores y controlaba más del 60 por ciento del presupuesto de la paraestatal.

En su círculo cercano estaban Miguel Ángel Lozada Aguilar, José Luis Fong Aguilar, entonces subdirector de la Región Sur; Rodrigo Hernández Gómez, exsubdirector de Servicios a Proyectos; Eduardo Zavala Nácer, exgerente de Auditoría de Seguridad Industrial y Protección Ambiental Regiones Marinas; José Antonio Escalera Alcocer, exdirector de Exploración; Octavio Barrera Torres, exsubdirector de Mantenimiento y Confiabilidad.

La base de datos de Pemex sobre jubilados y pensionados en poder de El Independiente, revela que en seguida se encuentra el antecesor de Hinojosa Puebla: Gustavo Hernández García, quien fue nombrado por Peña Nieto como director general de PEP el 1 de junio de 2014. Sin embargo, había estado al frente de la subsidiaria desde el 7 de febrero de aquel año, pero como encargado de la Dirección General. El exfuncionario cuenta actualmente con una pensión de 4 millones 230 mil 836.10 pesos anuales brutos, lo que significa 1 millón 604 mil 475.30 pesos más que Sheinbaum.

Por debajo de él aparece Manuel Javier Ortiz de María, quien fue el primer director general de Pemex Exploración y Producción (1994-1995) y que, antes de ocupar ese cargo, fue director de Producción Primaria de la petrolera. Su pensión asciende actualmente a 4 millones 118 mil 581.17 pesos; es decir, 1 millón 492 mil 220.37 pesos más que la percepción de la titular del Ejecutivo federal.

Con el mismo monto figuran otros cuatro pensionados: Armando Leal y Santa Ana, exdirector general de las subsidiarias Pemex Petroquímica y Pemex Refinación; Luis Puig Lara, quien trabajó en Petroquímica, Pemex Gas y Petroquímica Básica, Refinación y PMI Internacional, además de haber sido director general de Pemex Petroquímica (1994-1997); Abundio Juárez Méndez, quien fue subdirector de Producción Primaria –área que después se transformó en PEP–; y Víctor Manuel Alcerreca Sánchez, exlegislador priísta y quien –durante su paso por Pemex, ocupó los cargos de subgerente de Integración de Planes y Programas y superintendente de Química en la refinería de Salamanca, Guanajuato.

Con una pensión de 4 millones 114 mil 236.60 pesos anuales brutos (1 millón 487 mil 875.80 pesos más que la presidenta), sigue en la lista José Refugio Serrano Lozano, quien en el sexenio de Peña Nieto ocupó la Dirección General de Pemex Perforación y Servicios, y a quien se le atribuyó en aquel tiempo no tener buena relación con Emilio Lozoya Austin.

También aparece en la lista José Manuel Alvarado Doria, quien fuera en el sexenio peñista subdirector de Producción de Pemex Gas y Petroquímica Básica y operador, hasta el 30 de enero de 2018, de la empresa Mex Gas Internacional SL –una de las más de 40 filiales privadas ciento por ciento propiedad de la petrolera–, donde participaba como apoderado solidario. Su pensión anual bruta asciende a 4 millones 108 mil 77.18 pesos.

Un poco menos –4 millones 106 mil 219.40 pesos– percibe Cutberto Orlando Azuara Pavón, exdirector de Producción de Pemex Transformación Industrial y exdirector operativo de Producción de Pemex al inicio del mandato de López Obrador.

Le sigue Alejandro Martínez Sibaja, director general de Pemex Gas y Petroquímica Básica en el sexenio de Peña Nieto (hasta marzo de 2016), y quien fue jefe de Alvarado Doria. En su administración, se le responsabilizó del “mal negocio” entre PGPB y Trafigura, para producir nafta y diésel en el en el Complejo Procesador de Gas Burgos. Su pensión anual bruta es de 4 millones 90 mil 364.10 pesos.

Luego aparece Carlos Arnoldo Morales Gil, actualmente director de Petrobal y cuya pensión anual bruta es de 4 millones 46 mil 912.28 pesos. En el sexenio de Vicente Fox (2004) fue designado director general de Pemex Exploración y Producción, puesto en el que permaneció hasta el gobierno de Felipe Calderón. Su paso en la subsidiaria estuvo marcado por señalamientos sobre presuntos fraudes ligados a los contratos de servicios múltiples para ductos.

Después figura en la lista José Luis Fong Aguilar, exsubdirector de Producción Región Sur, también forma parte de la lista de las pensiones millonarias, pues anualmente gana 3 millones 938 mil 555.70 pesos, lo que representa 1 millón 338 mil 323.10 pesos más que la presidenta Sheinbaum.

A Fong Aguilar se le atribuyó haber participado en un esquema similar a la llamada “estafa maestra”: desde ese cargo, contrató a la Universidad Popular de la Chontalpa para trabajos que presuntamente jamás se realizaron.

Le sigue Jorge Humberto Freyre Rizo, quien habría dejado su cargo como subdirector de Producción de Petrolíferos, tras haberse confrontado con las políticas del presidente López Obrador.

De acuerdo con reportes periodísticos, a inicios del sexenio pasado, Freyre Rizo habría intentado sabotear el Plan de Refinación de Pemex, mediante la emisión de contraindicaciones, con el que se buscó recuperar a la industria. Su pensión asciende a 3 millones 938 mil 555.70 pesos anuales brutos (1 millón 338 mil 323.10 pesos más que la presidenta de la República).

En la lista de los más beneficiados por pensiones millonarias también aparece Adrián Brígido Moral Piñeyro, quien fuera subdirector de Almacenamiento y Despacho de Pemex Refinación al cierre del gobierno de Peña, y que previo a ese cargo se desempeñó como gerente de Reparto, Medición y Servicios de la misma subsidiaria. En ese sexenio se le ubicaba como el responsable de atender sistemas de seguridad de PR para, supuestamente, reducir el robo de combustibles, justo en el tiempo en el que se disparó ese delito conocido también como “ordeña” de ductos.

En el lugar número 20 aparece Lauro Jesús González González, quien se jubiló en diciembre de 2019. Su último cargo fue como subdirector de Coordinación Operativa y Comercial de PEP; previo a ello, se desempeñó como asesor (en materia de producción, transporte, distribución de hidrocarburos, seguridad industrial, proyectos de deshidratación, mantenimiento de ductos y proyectos para el manejo de la producción) del director general de PEP –Hinojosa Puebla–, entre febrero de 2016 y marzo de 2018. Su pensión asciende a 3 millones 874 mil 983.03 pesos brutos anuales, lo que representa 1 millón 274 mil 750.43 pesos más que la presidenta; esto es, 36.8 por ciento más.

 

 

 

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