La deuda de pensiones, que los gobiernos pasados y el actual siguen acumulando desde 2006 a través de la colocación de certificados de crédito, alcanza ya un saldo de $10,922.57 millones.

Según datos del Banco Central de Reserva (BCR) esta cifra es la suma de $8,394.77 millones de la deuda que se originó a partir de 2006 y hasta 2022 a través de Certificados de Inversión Previsional (CIP); y un saldo de $2,527.80 de deuda que se ha generado desde enero 2023 hasta la fecha y que ahora se llama Certificados de Obligación Previsional (COP).

El dinero es tomado de los ahorros de los trabajadores actuales que cotizan a una AFP, y se utiliza para el pago de las pensiones del sector público: Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) antes INPEP y del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).

Solo en julio, el gobierno prestó otros $45.75 millones para alcanzar un saldo total de $350 millones en lo que va de 2025. Este monto representa el 23% del incremento de deuda total que ha alcanzado el país en 2025 y que alcanza $1,467 millones.

El monto mensual de deuda previsional que el gobierno presta todos los meses a las AFP debe cubrir el pago para pensionados por vejez, invalidez y sobrevivencia del sistema público. El número exacto de jubilados en este sistema se conocía cada mes a través de las estadísticas de la Superintendencia del Sistema Financiero, pero la institución dejó de publicarlas desde abril de 2023.

Sin embargo, la memoria de labores del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) a mayo de 2024 indicaba que se entregaron pensiones a un total de 47,594 beneficiarios, una cifra que debería reducirse a medida que los beneficiarios fallecen o cumplen mayoría de edad, como es el caso de los beneficiarios por sobrevivencia.

Menos dependencia
La dependencia que el gobierno tiene del fondo de pensiones para financiar las jubilaciones públicas ha sido uno de los temas de mayor discusión entre representantes de trabajadores, economistas y ahora, organismos multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), que le ha pedido al gobierno hacer una nueva reforma de pensiones para 2026 con miras a reducir esta deuda.

Aunque en el pasado, los gobiernos han hecho diferentes cambios al sistema previsional, ninguna de ellas ha eliminado el mecanismo para que el gobierno reduzca el dinero que toma de los trabajadores actuales para financiar al antiguo sistema.
Por el contrario, la última reforma de 2022 abrió las puertas para que el gobierno tomara prestado más dinero del que tomaba antes y subió el saldo hasta los $2,527 millones en tan solo tres años.

El acuerdo que el gobierno suscribió en marzo con el FMI contempla una reducción de la deuda total del país, para llevarla a un nivel sostenible, y que se reduzca a partir de 2028.
Sin embargo, el economista y expresidente del BCR, Carlos Acevedo, señala que uno de los problemas para estabilizar esas finanzas es la deuda de pensiones. “El problema es la deuda de pensiones, porque eso puede descalabrar las proyecciones de deuda pública”, afirmó.

Y es que en 2027 termina un periodo de gracia que el gobierno acordó con las AFP para no pagarle capital ni intereses por 4 años por la deuda contraída de los CIP. Llegada esa fecha, el gobierno se verá obligado a pagar más intereses por el dinero que preste.

La preocupación es mayor “si se agota la cuenta de garantía solidaria”, afirmó Acevedo.
Esta cuenta, que se creó en 2017, se nutre del 6% de la cotización que paga el empleador para completar una cotización total de 16% para el empleado.

Esta sirve como un fondo común para que, cuando al empleado se le acabe su fondo de ahorro, reciba automáticamente una pensión mínima vitalicia. Esto, con el fin de que el trabajador siempre reciba un ingreso.
Sin embargo, una evaluación actuarial realizada por la Superintendencia del Sistema Financiero en 2020 señaló que esta cuenta comenzaría a tener déficit a partir de 2026, lo que significa que los fondos que recibe serían insuficientes y el Estado tendría que obtener más ingresos para pagar los beneficios que ha prometido a los trabajadores.

Ante este panorama, el gobierno tendrá que hacer nuevamente una evaluación actuarial, que deberá presentar a finales de septiembre, según acordó con el FMI.
Esta evaluación, a su vez, serviría como base para una nueva reforma de pensiones, que tendría que estar lista en 2026 y que los economistas esperan que ahora sí, incorpore una medida para reducir esta dependencia de los ahorros de los trabajadores.

“El sistema debería ser autosostenible, es decir, tener los ingresos suficientes para pagar sus erogaciones y por tanto las erogaciones del Estado deberían ser mínimas”, afirmó otro economista.
Hasta ahora se desconoce el estado de la Cuenta de Garantía Solidaria y cuánto cubre en pago de pensiones respecto a lo que percibe por las aportaciones de los trabajadores pues solo 1 de cada cuatro salvadoreños ahorra para su jubilación.

En su más reciente evaluación, el FMI destacó los avances que el gobierno salvadoreño ha logrado para reducir su deuda en general, pero también añadió que “los esfuerzos para movilizar el apoyo oficial deben continuar, con el objetivo de reducir la dependencia del financiamiento bancario y de los fondos de pensiones, y respaldar el crédito del sector privado”, señaló el organismo en su más reciente revisión del acuerdo, en el que calificó que se han alcanzado los principales objetivos fiscales.

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