Los salvadoreños están a la espera de que el Gobierno del presidente Nayib Bukele presente una reforma al sistema de pensiones —adoptado a finales de la década de 1990 y modificado en 2022—, comprometida con el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuyo plazo de entrega venció el 10 de febrero.

El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, fue consultado este miércoles, antes del inicio de la sesión plenaria, sobre si el órgano había recibido la propuesta de reforma, y respondió de forma escueta: «No».

El país centroamericano y el FMI suscribieron un préstamo por 1.400 millones de dólares en un Acuerdo de Servicio Ampliado, que buscaría «corregir los desequilibrios macroeconómicos y fortalecer la gobernanza y la transparencia».

En una publicación de marzo de 2025, el FMI indicó que «con el tiempo, será necesario realizar esfuerzos para restablecer la sostenibilidad del sistema de pensiones», con el compromiso de «contener los posibles costes fiscales asociados a la reforma de las pensiones de 2022».

Se indicó que para julio de 2025 el Gobierno presentarían una «evaluación actuarial independiente» y que «una vez completada esta evaluación, y con el apoyo de la asistencia técnica del FMI, se publicará una propuesta de reforma» el 10 de febrero de 2026.

El Fondo Monetario sostuvo que esta reforma «se adoptará a partir de 2026 para asentar el sistema de pensiones sobre una base sólida, al tiempo que se contienen los costos fiscales y los pasivos contingentes».

La organización internacional ha advertido que las pensiones del sistema privado han comenzado a pagarse con los recursos de la Cuenta de Garantía Solidaría (CGS), que es «un fondo común para los afiliados» de las administradoras de pensiones (AFP), que se utiliza cuando los pensionados agotan los recursos de su cuenta individual.

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