El sistema previsional de El Salvador atraviesa una crisis estructural profunda, cuyo origen, según comenta Patricio Pineda, miembro de la Mesa por una Pensión Digna y experto en el tema, data de 1969. En esa fecha se instauró el sistema de pensiones bajo un “régimen contributivo” en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), cuyas bases actuariales no han sido modificadas, lo que, a la luz del tiempo transcurrido, es un despropósito. Ya no es posible seguir postergándolo.
El sistema previsional salvadoreño se enfrenta a retos multidimensionales que requieren una intervención urgente. La fuerte presencia de trabajadores informales es una realidad que impide hacer un copy and paste de otros sistemas previsionales.
Además, la rentabilidad que se garantiza a los trabajadores es baja, lo que limita las perspectivas de ahorro para la jubilación. Siembra cotizaciones esporádicas, bajas rentabilidades y un aporte del Estado en la medida de lo posible, y cosecharás bajas pensiones. Lo señalado agrava la falta de cotización al sistema y perpetúa la inestabilidad financiera de las pensiones.
Asimismo, El Salvador está enfrentando un proceso de envejecimiento acelerado de su población. Según el VII Censo de Población de 2024, la población mayor de 50 años ha aumentado en 941,000 personas, lo que genera una presión adicional sobre el sistema previsional. La necesidad de asegurar pensiones sostenibles para una población envejecida se combina con el desafío de crear empleo y garantizar la inclusión de los jóvenes en el sistema, quienes, por el momento, se encuentran en una situación de vulnerabilidad económica.
El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que compromete al gobierno salvadoreño a realizar otra reforma de pensiones en 2026, se basa en estudios actuariales que intentarán abordar las fallas del sistema. Sin embargo, Pineda advierte que los estudios actuariales proyectan una visión muy limitada de la realidad económica y social del país. En este sentido, el FMI no puede ser la solución mágica a un problema estructural que requiere, más allá de análisis numéricos, una visión integral que tenga en cuenta los retos sociales y económicos del país.
El tiempo se está agotando para realizar una reforma integral y eficaz del sistema de pensiones. Si bien el gobierno parece estar consciente de la necesidad de una reforma, los cambios estructurales no pueden esperar más. La falta de acción podría agravar aún más las desigualdades sociales y económicas en el futuro, poniendo en riesgo la estabilidad financiera y el bienestar de miles de salvadoreños que, hoy en día, ven un horizonte incierto respecto a su futuro pensionario.
La transformación del sistema previsional en El Salvador es una necesidad urgente que no puede seguir posponiéndose. Para que el sistema sea sostenible a largo plazo, debe actualizarse de acuerdo con las realidades demográficas, económicas y sociales del país. Sin una reforma profunda, el sistema seguirá siendo una carga tanto para el presente como para las futuras generaciones, que continuarán enfrentando altos niveles de desigualdad y precariedad en su vejez. El tiempo para cambiar el rumbo del sistema previsional se está agotando, y el momento de actuar es ahora.