El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, advirtió este miércoles que la suspensión de la reforma de las pensiones, que ha aceptado como le exigían los socialistas para evitar la caída de su Gobierno, tendrá un costo, y necesariamente habrá que prever unos ingresos para financiarla.

«No puede haber una suspensión sin que enfrente haya unos ingresos», destacó Lecornu en la sesión de control al Gobierno ante la Asamblea Nacional.

Insistió en que «no hay suspensión sin costos» y en que él no aceptará «cualquier cosa», aunque no ofreció pistas sobre cómo podría financiarse esa suspensión.

Sí que precisó que la suspensión de la reforma de 2023 se formalizará en noviembre con una enmienda que el Ejecutivo añadirá al proyecto de ley de presupuestos que presentó este martes.

Con los elementos conocidos, la reforma que está retrasando progresivamente la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años y alargando el periodo de cotización necesario para una pensión completa de 42 a 43 años, se va a quedar congelada en la situación actual hasta enero de 2028, una vez que en 2027 se hayan celebrado elecciones presidenciales en las que se tratará esa cuestión.

De esa forma, a partir del 1 de enero se podrán seguir jubilando los que quieran con 62 años y 9 meses, sin esperar a los 63 años que era lo que estaba previsto, y el periodo de cotización continuará siendo de 42 años y medio, al menos hasta 2028.

Según las cifras dadas por el mismo primer ministro, el costo de esa suspensión será de unos 400 millones de euros en 2026 para el sistema de pensiones y de 1.800 millones en 2027.

El Ministerio de Economía y Finanzas ha reconocido que, además de ese costo para las cajas de las pensiones, habrá más implicaciones para las cuentas públicas por la reducción de actividad debido a las personas que van a jubilarse antes de lo previsto con la reforma, así como a que esas personas van a consumir menos y por tanto a pagar menos impuestos.

Pese a todo, Lecornu justificó la concesión que hizo a los socialistas y dijo que «el verdadero sentido de esta suspensión es la estabilidad del país, (…) y restablecer la confianza entre los interlocutores sociales».

A ese respecto, el jefe del Gobierno tiene intención de poner en marcha en las próximas semanas una conferencia en la que participarán sindicatos y patronal para discutir sobre el modelo de pensiones, pero también sobre otras cuestiones como el trabajo o «el reparto del valor creado en la empresa».

La reforma de las pensiones se adoptó en abril de 2023 por decreto, mediante un procedimiento constitucional que permite al Ejecutivo evitar el voto del Parlamento, ya que no disponía de mayoría para hacerlo, aunque se exponía inmediatamente a una moción de censura que no prosperó.

Fue el cierre en falso de un proceso de meses de protestas en las que salieron a las calles millones de personas y que unió contra el retraso de la edad de jubilación a todos los sindicatos y a todos los partidos de izquierda, pero también a la extrema derecha de Marine Le Pen.

La suspensión de la reforma se va a llevar a cabo en una situación delicada para las cuentas públicas francesas, con una deuda que superó el 115 % del producto interior bruto (PIB) en el segundo trimestre y con el mayor déficit de toda la zona euro, que alcanzó el 5,8 % del PIB en 2024 y debería quedarse en el 5,4 % en 2025.

En su proyecto de presupuestos para 2026, el Ejecutivo plantea reducir el déficit al 4,7 % (aunque Lecornu se da un margen adicional para negociar en el Parlamento, hasta el 5 %), pero insiste en que mantiene su compromiso con la Unión Europea de reducirlo al 3 % en 2029. EFE

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