Un tribunal federal ordenó suspender de manera inmediata los recortes aplicados a las pensiones de un grupo de jubilados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), tras determinar que la reducción abrupta de sus ingresos pone en riesgo su salud y subsistencia, equiparándolo a un acto de tortura psicológica.

El caso se originó cuando un grupo de extrabajadores de la CFE promovió un juicio de amparo tras sufrir reducciones que iban del 44% al 78.5% de sus ingresos pensionarios, producto de la reciente reforma al artículo 127 de la Constitución impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la cual establece límites a las jubilaciones y pensiones de las entidades públicas.

Los demandantes (en su mayoría adultos mayores con enfermedades crónicas, créditos hipotecarios o familiares dependientes) argumentaron que no ocuparon puestos de “confianza” durante su vida laboral y que sus ingresos estaban protegidos por el régimen transitorio de la reforma y por convenios laborales previos.

En su demanda también explicaron que la drástica disminución amenazaba su capacidad para costear tratamientos médicos oncológicos, seguros de gastos médicos, alimentación y vivienda.

En un primer momento, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León les negó la suspensión de plano (una medida urgente de protección), argumentando que los recortes no constituían una pena inusitada ni un acto de tortura física o mental extrema.

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