La creación de un fondo para equipar a un mínimo de 600 dólares las pensiones y jubilaciones en Panamá regresó a primer debate, luego que el pleno de la Asamblea Nacional decidiera que al documento le hacen falta adecuaciones importantes, para su viabilidad y posterior ejecución.

La decisión plenaria se sustentó en que para que al proyecto encuentre una viabilidad económica, necesita contar con la fórmula económica que permita la equiparación, y por ello, se requiere de un proceso de consultas más amplio.

La proponente del proyecto, Grace Hernández del partido Movimiento Otro Camino (MOCA), señaló que en su iniciativa se contemplaba una fórmula consistente en un cobro de un dólar con 50 centavos sobre cada contenedor de un tamaño de 20 pies, que sea manejado en cualquier puerto del país.

Según Hernández, el cobro no solo es viable, sino que al establecerlo, será posible darle un apoyo económico a personas con pensiones y jubilaciones por debajo de los 600 dólares mensuales.

A su juicio, es justo que una persona que trabajó por más de dos décadas reciba una jubilación digna, para afrontar con dignidad sus gastos, ante el notable incremento del costo de vida en el país.

El pago mínimo de jubilación bajo el régimen de la Caja de Seguro Social en Panamá se establece en $265 dólares mensuales, como pensión mínima garantizada solidaria, para quienes cumplen con la edad y las cuotas establecidas.

También existe una pensión universal de $144 dólares para casos sin aportes suficientes. Además, se paga un bono obligatorio de 140 dólares, dividido en tres partidas de 50 dólares en el mes de abril, otros 50 en agosto y 40 dólares en el mes de diciembre.

De igual manera, se contempla el pago de un bono navideño que depende del monto que devenga la persona jubilada o pensionada, junto con lo contemplado en la Ley 6, que determina una serie de beneficios y descuentos para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad, aún cuando no gocen de una jubilación.

Precisamente, la Asamblea Nacional aprobó recientemente nuevos beneficios sobre los establecidos en la citada norma, documento que ha sido objetado por diversas agrupaciones del comercio y la empresa privada y que se encuentra en espera de una sanción o veto por parte del Presidente de la República.

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