Hablar de pensiones en El Salvador no es un debate técnico reservado para economistas o financistas; no puede reducirse a balances contables. Es, ante todo, un tema profundamente humano. Es un debate sobre dignidad humana. Detrás de cada cifra hay miles de trabajadores que dedicaron décadas de su vida al país y esperan, al final de su vida laboral, una vejez digna.

Los trabajadores salvadoreños han contribuido durante décadas con la expectativa legítima de una jubilación segura. Desde el sector salud vemos diariamente las consecuencias de la pobreza en la vejez: adultos mayores que deben elegir entre comprar medicamentos o alimentos.
El desafío es grande, pero ignorarlo sería irresponsable. La sostenibilidad del sistema previsional no es solo un tema económico; es un compromiso moral con quienes han construido este país con su trabajo.

Sin embargo, el sistema previsional salvadoreño —incluido el que históricamente ha tenido relación con instituciones como el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)— enfrenta desafíos estructurales y financieros que amenazan seriamente su sostenibilidad en el corto y mediano plazo. Tres factores centrales explican esta situación: el déficit actuarial creciente, la baja cobertura del sistema y las presiones financieras externas que lo condicionan.

El déficit actuarial es la diferencia entre lo que el sistema espera recibir en cotizaciones y lo que deberá pagar en pensiones presentes y futuras. Hoy, esa brecha se ha convertido en uno de los principales riesgos para la sostenibilidad del sistema.

Los datos presentados por la Superintendencia del Sistema Financiero estiman que el sistema de pensiones enfrenta un déficit equivalente al 59 % del PIB para el período 2024-2070, producto del desbalance entre ingresos por cotizaciones y las obligaciones futuras de pago.

En términos absolutos, distintos análisis estiman que esta brecha podría superar los 25,000 millones de dólares, reflejando décadas de decisiones estructurales que no resolvieron el problema de fondo: un sistema que promete más beneficios de los que realmente puede financiar. Además, el Estado ha acumulado una creciente deuda para financiar pensiones del sistema antiguo. Solo en 2025, la deuda estatal vinculada a pensiones superó los 11,241 millones de dólares, incrementándose un 6.8 % en un solo año.

Otro de los grandes problemas del sistema previsional es su limitada cobertura. A pesar de que más de 2.1 millones de salvadoreños tienen cuentas afiliadas al sistema de ahorro previsional, solo una parte de ellos cotiza de manera regular.
De hecho, apenas el 36 % de los trabajadores entre 20 y 55 años cotizó los 12 meses del año, lo que refleja la alta informalidad laboral y la fragilidad del mercado de trabajo en el país.

La consecuencia es preocupante: millones de trabajadores podrían llegar a la vejez sin una pensión suficiente o sin pensión alguna. Actualmente, el 57 % de los pensionados recibe únicamente la pensión mínima, lo que evidencia que incluso quienes logran jubilarse enfrentan ingresos limitados para sostener su calidad de vida. A estos problemas estructurales se suman presiones externas que complican aún más el panorama.

Una de las más importantes es el cambio demográfico. En 2024 existían 8.2 personas en edad de trabajar por cada adulto mayor, pero las proyecciones indican que para 2070 esta relación podría caer a apenas 2.3 trabajadores por cada persona mayor. En otras palabras, cada vez habrá menos trabajadores financiando las pensiones de una población más envejecida.

Asimismo, la fuerte dependencia del sistema respecto a la deuda pública genera riesgos adicionales. Cerca del 73 % de los activos de los fondos de pensiones está invertido en títulos del Estado, lo que crea una relación financiera estrecha entre la sostenibilidad fiscal del país y la estabilidad del sistema previsional.