La inminente discusión sobre la modificación de la Ley 87-01 representa una oportunidad histórica para corregir las distorsiones estructurales del Sistema Dominicano de Seguridad Social. Sin embargo, también plantea un riesgo evidente: que se intente maquillar un modelo que, en su esencia, ha demostrado ser incapaz de cumplir con su propósito fundamental.

La seguridad social no es, ni debe ser, un negocio. Es, en realidad, la suma de varios derechos fundamentales. Su razón de ser es proteger a las personas frente a los riesgos de la vida: enfermedad, vejez, discapacidad y accidentes laborales. No obstante, el modelo vigente ha ido configurándose como un esquema donde los intereses económicos de actores privados han adquirido un peso determinante, muchas veces en detrimento de la protección efectiva de los afiliados.

Hoy, millones de dominicanos cotizan obligatoriamente a un sistema de pensiones que no garantiza pensiones dignas. Se les impone la afiliación a Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), bajo la promesa de una rentabilidad futura que, en la práctica, no se traduce en seguridad económica en la vejez. Este carácter obligatorio elimina la libertad de elección y somete a los trabajadores a un esquema en el que asumen los riesgos, mientras otros capturan las ganancias.

La experiencia acumulada demuestra que es ilusorio pretender conciliar, sin tensiones profundas, la lógica de maximización de beneficios económicos de las empresas financieras insertadas en la seguridad social, con la garantía plena de derechos fundamentales de los afiliados a este sistema. Cuando la rentabilidad se convierte en el eje del sistema, la protección social pasa a un segundo plano.

Por ello, resulta imprescindible replantear el modelo desde sus bases. En materia de pensiones, debe eliminarse la obligatoriedad de afiliación a las AFP. La afiliación a estas entidades debe ser una opción voluntaria, no una imposición. En su lugar, el sistema obligatorio debe estructurarse sobre un “sistema de reparto moderno”, diseñado con criterios de sostenibilidad, transparencia y equidad intergeneracional, que garantice pensiones suficientes y previsibles para todos los trabajadores.

Este sistema de reparto moderno no implica un retorno acrítico al pasado, sino la construcción de un modelo actualizado, con reglas claras, mecanismos técnicos sólidos y controles efectivos que aseguren su viabilidad financiera y su legitimidad social, un sistema que ya ha sido propuesto a la Comisión Bicameral de Seguridad Social del Congreso Nacional por la Coalición por la Seguridad Social Digna, incluyendo la sustentación con los análisis actuariales que demuestran su factibilidad, aun garantizando pensiones dignas, superiores a las deficientes pensiones que corresponderán a menos de un 30 % del salario con el que cotizaron los afiliados, que el actual sistema solo otorgará a un 20 % de la población afiliada (que es la que, según diferentes estudios, llegará a acumular las 360 cotizaciones que se requieren para tener derecho a una pensión).

Leer más @acento