En medio de los despidos de líderes de agencias federales que ha realizado Donald Trump, un episodio se ha perdido en la avalancha de destituciones: la expulsión de seis de los siete miembros de la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico, que ha estado a cargo de los asuntos fiscales de la isla durante casi una década. Dependiendo de a quién nombre para sustituirlos, la medida podría ocasionar que Puerto Rico regrese al borde del colapso financiero.

En 2016, la isla estaba sumida en una catastrófica crisis de deuda. Puerto Rico ya no podía pagar decenas de miles de millones de dólares que había pedido prestados, ni podía, como Estado libre asociado, declararse en quiebra. Con el temor de que las demandas de los acreedores enviaran a la isla a una espiral de muerte económica, el Congreso estableció un proceso de quiebra que ayudaría a Puerto Rico a reducir su deuda. La ley, conocida como Promesa, implicaba la creación de una junta de supervisión, un panel bipartidista de expertos que representaría a Puerto Rico en el tribunal de quiebras y ayudaría a equilibrar el presupuesto del territorio.

En coordinación con el gobierno puertorriqueño —y a pesar de una serie de catástrofes naturales estilo Job, como huracanes, terremotos y la pandemia ocasionada por la COVID-19—, la junta, de la que ambos hemos formado parte, ha realizado grandes avances. Ha completado la mayor reestructuración de la deuda pública de la historia de Estados Unidos, con lo que redujo la deuda del gobierno de unos 34.000 millones de dólares a unos 7400 millones de dólares. Ha apuntalado el mermado sistema público de pensiones de Puerto Rico. Y ha hecho que el presupuesto de la isla vuelva a estar en números negros tras años de déficit.

Estos esfuerzos han evitado que el pueblo de Puerto Rico pierda el acceso a servicios básicos como el cuidado de la salud y la educación, y han dado a la isla un camino hacia un futuro financiero estable.