Por Javier Paitán Martínez

El fenómeno del envejecimiento poblacional y el nuevo contexto digital, solo para poner algunos ejemplos, tienen una incidencia en la economía y las relaciones de producción de cualquier país y, por ende, están vinculados estrechamente con el empleo y la seguridad social. En esta última, encontramos a las pensiones como una de sus principales manifestaciones y preocupaciones. Con las pensiones se permite a los integrantes de una sociedad acceder a una prestación económica frente a cualquier riesgo social que se presente en el devenir de la vida (accidentes, enfermedades, vejez, desempleo, muerte, entre otros riegos sociales). Por ejemplo, a una pensión de invalidez si la persona se accidente o enferma; a una pensión de desempleo si pierde su empleo; o, a una pensión de jubilación si llega a la vejez. Razón por lo cual, se diseñan los sistemas de pensiones para brindar el servicio público de la seguridad social en pensiones, ya sea bajo la administración del Estado y/o la gestión de agentes privados. Un sistema previsional, sustentado en los principios de la seguridad social, brinda cobertura de pensiones a toda la ciudadanía (universalidad), con la participación de toda la sociedad (solidaridad), mediante prestaciones económicas eficientes, oportunas y suficientes (integralidad).
Todo ello, de acuerdo con la capacidad económicas del país (sostenibilidad financiera) y bajo la administración siempre del Estado (institucionalidad), aunque su gestión puede estar a cargo de los privados. He ahí el dilema de los sistemas de pensiones de la mayoría de los países que durante los últimos años han acometido procesos revisionistas o de reformas de sus respectivos modelos de protección social, de acuerdo con sus condiciones financieras, económicas, sociales y políticas, para brindar y garantizar a sus afiliados pensiones universales, dignas, adecuadas y eficientes. Estas reformas fueron estructurales y paramétricas, muchas veces prefiriendo estas últimas.

Fuente Cielo laboral