La deuda previsional que el gobierno acumula desde 2006 sigue siendo el principal riesgo de la sostenibilidad fiscal del país, según detalló la agencia crediticia inglesa EMFI en su más reciente informe.

Según el Banco Central de Reserva (BCR), hasta abril el saldo de la deuda de pensiones sumó $11,520.42 millones, de los cuales $3,126.86 millones se han obtenido desde enero de 2023 hasta la fecha. En abril pasado, el gobierno sumó $44.7 millones más a la cuenta previsional, que paga las pensiones de los jubilados del sistema público derogado; esto implica 7.25% más que en abril del año pasado.

“La deuda de las pensiones alcanzó el 30.6% del PIB en 2025 y representa aproximadamente el 34% de la deuda del SPNF (Sector Público No Financiero), lo que la convierte en el principal riesgo estructural a mediano plazo para la sostenibilidad fiscal”, señala el documento, titulado “Las presiones diferidas se avecinan”.

En este análisis, la agencia explica que pese a la mejora en los saldos fiscales desde 2023, “la sostenibilidad de las finanzas públicas sigue viéndose limitada por la carga del sistema de pensiones.
Además, señala que después que el gobierno incluyó, nuevamente las obligaciones previsionales al balance general, en las estadísticas de deuda, “los resultados fiscales son considerablemente más débiles”.

El déficit del SPNF alcanzó el 2.9% del PIB en 2025 y según EMFI podría ampliarse aún más hasta situarse en torno al 3.1% del PIB en 2026. A ello hay que añadir que la deuda de pensiones aumentó del 25.7% del PIB ($8,200 millones) en 2022, al 30.6% del PIB ($11,200 millones) en 2025.

Para marzo pasado, esta deuda alcanzó los $11,500 millones que equivalen aproximadamente al 34.1% de la deuda del SPNF, que ascendía a $33, 600 millones.

La Asamblea Legislativa aprobó en diciembre de 2022 una reforma de pensiones que lejos de reducir la emisión de deuda para pagar las pensiones del sistema público, eliminó el límite con lo cual puede emitir más.

Según EMFI, la reforma de las pensiones de 2022 proporcionó un alivio temporal de las presiones fiscales mediante un período de gracia de cuatro años que aplazó ciertas obligaciones y redujo las necesidades de financiamiento inmediatas del gobierno.

Sin embargo, este respiro para las finanzas públicas tiene fecha de vencimiento. A partir de 2027, el Gobierno deberá reanudar de forma gradual los pagos vinculados al sistema de pensiones, particularmente los intereses de los Certificados de Financiamiento de Transición (CFT), emitidos a una tasa del 7 %.

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