La construcción es el sector que más siniestros laborales concentra en España, con 85 decesos entre enero y junio. Es el principal argumento de los sindicatos del sector para reclamar desde hace décadas el anticipo de la jubilación para estos profesionales, que piden retirarse antes por la penosidad de su oficio como ya hacen los mineros o los marineros. Hace más de un año que CC OO y UGT lo solicitaron mediante la nueva vía articulada por el Gobierno, pero el expediente está pendiente de desarrollo por varios motivos. El principal es que la Seguridad Social cree que le falta información sobre las tareas que desarrolla cada profesional y por ello ha aprobado un decreto que obliga a todas las empresas, independientemente del sector, a aportar antes de febrero información adicional sobre qué hacen sus trabajadores. El departamento de Elma Saiz quiere saber con más precisión qué tareas desarrollan para tomarlo en cuenta al estudiar la peticiones para anticipar la jubilación, tanto en la construcción como en otros sectores.

Para entender la situación hay que remontarse a septiembre de 2024. Entonces, la Seguridad Social firmó el último gran acuerdo del diálogo social (y el único de la legislatura) con patronales y sindicatos, la tercera parte de la reforma de pensiones. Uno de los elementos del pacto es la articulación de una nueva vía para que los sectores con más bajas y siniestralidad puedan pedir el anticipo de la jubilación a cambio de un incremento en las cotizaciones. El Gobierno ya había concedido antes este derecho (los conocidos como coeficientes reductores) a otros profesionales, pero esta vez buscaba un procedimiento objetivo para evitar agravios comparativos: con esta vía, a más bajas y más muertes, más opciones de conceder el retiro anticipado; y solo en las actividades que concentren la penosidad, cuando no se pueda evitar con medidas de adaptación y en las tareas más sacrificadas, no en sectores al completo. Para ello, el sector debe solicitarlo, la Seguridad Social lo estudia y al final el ministerio toma una determinación en base a esos criterios cuantificables.

El primer sector que pidió el estudio fue la construcción: CC OO y UGT, sin respaldo patronal, registraron la petición el 16 de julio de 2025. Más de un año después, los responsables sectoriales explican que solicitaron el anticipo para todos los trabajadores de obra, pese a que algunos sufren mucha más siniestralidad que otros, con la previsión de que sería la Seguridad Social la que decidiría en función de las tareas desarrolladas. Tanto Daniel Barragán (CC OO) como Mariano Hoya (UGT) prevén que el ministerio no concederá los coeficientes al millón de empleados para los que lo solicitaron, pero anticipan que protestarán si la concesión se queda corta a su juicio. Con todo, distintos especialistas vienen insistiendo en que los trabajos en altura, en conservación de carreteras o bajo el agua son algunos de los más expuestos y en los que más justificada estaría la anticipación del retiro.

Para elaborar el estudio con finura, la Seguridad Social ha planteado un decreto (no necesita aval parlamentario) que obliga a todas las empresas a especificar más información sobre sus plantillas. Según especifica el texto, que pasó el trámite de participación pública en abril y se aprobó a finales de julio, “en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de este real decreto, todos los empresarios deberán comunicar a la Tesorería General de la Seguridad Social el código de ocupación laboral […] de todos los trabajadores por cuenta ajena que se encuentren en alta en cualquiera de sus códigos cuenta de cotización, conforme a Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO) vigente, siempre que dicho dato no haya sido ya comunicado a la Tesorería General de la Seguridad Social”. Como la entrada en vigor se produjo el 1 de agosto, ese plazo de seis meses expirará en febrero.

Como especifica el análisis de impacto normativo del proyecto, uno de los objetivos es facilitar el estudio que debe elaborar la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (DGOSS), “un informe de morbilidad y mortalidad que comprenderá, según el caso, la identificación del colectivo, la determinación de los indicadores básicos y sus umbrales, así como un estudio detallado de la siniestralidad y del daño producido por el trabajo, con especial referencia a la edad y al género”. “Para proceder a la elaboración de dicho informe”, agrega la Seguridad Social, “resulta necesario identificar al colectivo de forma precisa, siendo imprescindible conocer el CNO de cada uno de los trabajadores que desempeñen la actividad para la que se solicitan coeficientes reductores”.

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