Mientras los políticos discuten sobre si son sostenibles o no, los expertos avisan de que será inevitable para el próximo gobierno realizar ajustes en el sistema ante las proyecciones de gasto.

Las pensiones vuelven a formar parte de una campaña electoral, demostrando que el Pacto de Toledo solo se respeta cuando no hay elecciones. La propuesta de Vox de transitar hacia un modelo de capitalización privada para hacer sostenible el sistema choca de frente con la defensa del Gobierno de que las pensiones están garantizadas a futuro y que no hay riesgos para su financiación, lo que ha situado al PP en una posición incómoda. Los populares comparten el diagnóstico de quienes pueden ser sus socios de gobierno después del 29-N, pero no sus soluciones: se limitan a hablar de separar la financiación de las prestaciones contributivas y la de las no contributivas, que a su juicio deberían pagarse con cargo a los Presupuestos y no con los recursos que obtiene la Seguridad Social vía cotizaciones.

Lo cierto es que fuera de la arena política sí hay consenso entre los expertos en materia de pensiones respecto a la necesidad de realizar ajustes al sistema, tal como ya están haciendo la mayoría de los países europeos que tienen una situación parecida en su sistema de previsión pública: gasto en prestaciones descontrolado, envejecimiento acelerado de la sociedad pese al aumento de la inmigración e insuficiencia de recursos para sostener en el medio plazo el poder adquisitivo de las pensiones actuales. A lo que se suman los crecientes compromisos de gasto en áreas estratégicas como la Defensa y unos niveles altísimos de deuda pública sobre cuya fragilidad ha vuelto a llamar la atención el Fondo Monetario Internacional.

El Gobierno de PSOE y Sumar ha reconocido que su plan es financiar el incremento previsto del coste de las prestaciones en los próximos años con un mayor endeudamiento, intensificando así la dinámica de la legislatura que ahora concluye. Pero, ¿hasta qué punto eso es sostenible en el tiempo para un Estado que ya acumula unos pasivos de más de 1,74 billones de euros?

La decisión de volver a revalorizar las pensiones cada año con el IPC, aprobada por ley en 2021 y validada por la mayoría del Congreso, junto a la jubilación progresiva de la generación del baby boomde 1960, ha generado una tensión inédita en el gasto de pensiones, que es casi un 60% superior al de 2018.

Recursos insuficientes
Las proyecciones del propio Gobierno asumen que la presión sobre las cuentas de la Seguridad Social se va a mantener al menos hasta 2050, tal como en su momento reconoció el exministro de Seguridad Social y actual gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, pues el coste de las pensiones llegará a ser del 17% del PIB frente al 12% actual. En ese periodo, los recursos procedentes de las cotizaciones sociales no van a ser suficientes para garantizar el pago futuro de las pensiones y el desequilibrio (casi 70.000 millones de euros en 2025, según Fedea) será mayor cada ejercicio, por lo que antes o después habrá que ajustar los costes del sistema. Los ciudadanos son cada vez más conscientes de ello: en una encuesta reciente de Funcas, 7 de cada 10 personas dijeron creer que a corto plazo el Estado tendrá problemas para pagar las pensiones. La Seguridad Social necesita cada año más préstamos del Ministerio de Hacienda para poder hacer frente a determinadas pagas, e incluso el Ejecutivo ha llegado a destinar excedentes de los fondos europeos para la recuperación pospandemia a pagar pensiones. El resultado es que la nómina de los pensionistas absorbe cada año un mayor porcentaje del gasto total público, restando margen para otras inversiones como sanidad, educación, mantenimiento de las infraestructuras, etc.

La falta de consensos políticos ha impedido aprobar más medidas para elevar los ingresos del sistema, salvo la denominada cuota de solidaridad, que consiste en aplicar más retenciones a los salarios superiores a 60.000 euros al año para dotar la hucha del sistema. Pero el ahorro acumulado en ella, que según el Ministerio será de 20.000 millones a final de año, apenas daría para pagar un mes y medio de todas las prestaciones por jubilación. Aquí surge la cuestión que divide a los políticos y a la sociedad: ¿cómo financiarlas sin condenar a los más jóvenes a cargar con una losa de deuda insoportable? Un debate que no se puede seguir dilatando y que será uno de los retos más importantes para el próximo Gobierno.

Leer más @amp.expansion