La reforma constitucional busca obligar a las administradoras a compensar las pérdidas anuales de las cuentas individuales obligatorias, hasta el monto de las comisiones cobradas durante el mismo período. La iniciativa contempla que los recursos sean restituidos directamente al ahorro previsional y propone aplicar el mecanismo de manera retroactiva desde 2026, sin comprometer los fondos de pensiones ni generar gasto fiscal.

Un proyecto de reforma constitucional presentado por el diputado Roberto Arroyo (A), junto a las diputadas y diputados Lilian Betancurt, Javier Olivares, Fabián Ossandón, Zandra Parisi, Alex Nahuelquín, Patricio Briones y Paula Olmos, propone modificar la Constitución Política para establecer la obligación de las Administradoras de Fondos de Pensiones de restituir a sus afiliados las pérdidas anuales de sus ahorros previsionales obligatorios, con cargo exclusivo al patrimonio de la administradora y con el tope de las comisiones cobradas en el mismo año calendario.

El proyecto surge a raíz de las cuantiosas caídas que afectaron a los fondos más conservadores entre enero y septiembre de 2026, período en el cual el Fondo E acumuló una rentabilidad real negativa de 10,39% (con un desplome de 4,92% solo en septiembre) y el Fondo D una baja de 6,38%, afectando gravemente a los afiliados más cercanos a la edad de jubilación. Sus fundamentos advierten que estos resultados se explican en gran parte por el alza internacional de tasas de interés y por la suscripción masiva de contratos de derivados de tasas (swaps) con bancos internacionales, operaciones que habrían generado valorizaciones negativas por más de US$ 10.500 millones en los fondos D y E, explicando cerca del 80% de la caída nominal del Fondo E.

La moción señala que, debido al diseño regulatorio del Decreto Ley N°3.500, donde la rentabilidad mínima se mide frente al promedio de la industria, las administradoras incurrieron de manera conjunta en un “efecto manada” que las exime de responder con su encaje cuando todo el sistema pierde de forma similar. Asimismo, destaca que, a pesar de las alertas del Banco Central y de los límites fijados por la Superintendencia de Pensiones en la Norma de Carácter General N°362, las entidades continuaron percibiendo íntegramente sus comisiones mientras los trabajadores veían desaparecer cerca de la décima parte de sus ahorros.

Como contexto, el proyecto resalta que, si bien la Superintendencia abrió un procedimiento sancionatorio contra las siete administradoras por eventual infracción a los deberes fiduciarios de lealtad y diligencia del artículo 147 del D.L. N°3.500, las eventuales multas son a beneficio fiscal y no van a las cuentas de los afiliados. A su vez, se hace presente que las demandas judiciales y los recursos de protección interpuestos por los cotizantes implican litigios extensos de resultado incierto, atendido que la obligación de las administradoras se califica tradicionalmente como de medios y no de resultado, resultando perjudicial para quienes están prontos a pensionarse.

La propuesta sostiene que el ordenamiento vigente presenta una profunda asimetría moral y económica: las administradoras gestionan recursos ajenos cobrando comisiones fijas sobre la remuneración que no dependen en absoluto del desempeño de la inversión, transfiriendo todo el riesgo financiero a los cotizantes. Si bien se reconoce que la Ley N°21.735 avanzó hacia un esquema de Fondos Generacionales con aportes propios de las AFP si quedan bajo una banda de referencia, dicho régimen comenzará a regir en 2027 y tampoco cubre los escenarios en que los mercados caen de forma generalizada.

La moción descarta que esta medida traslade de manera desproporcionada el riesgo de mercado a las administradoras o que encarezca el sistema provocando carteras ultraconservadoras, reparo que formuló el Ejecutivo en 2017. Para acotar dicho impacto, la iniciativa plantea un mecanismo calibrado en tres niveles: la pérdida se calcula sobre el año calendario completo (y no mes a mes), se compensan recíprocamente las ganancias y pérdidas de los distintos fondos en que esté invertida la cuenta, y la devolución tiene como tope máximo el monto total de las comisiones cobradas al trabajador durante dicho año, garantizando que ninguna AFP comprometa su capital basal ni devuelva más de lo recaudado.

En el aspecto constitucional, los autores fundamentan que esta regulación debe adoptarse mediante reforma a la Carta Fundamental, específicamente en el numeral 18° del artículo 19, relativo al derecho a la seguridad social, toda vez que una ley común sobre la materia sería inadmisible por tratarse de materias de seguridad social reservadas a la iniciativa exclusiva del Presidente de la República en virtud del artículo 65, inciso cuarto, número 6 de la Constitución. Asimismo, diferencian esta reforma de los retiros excepcionales de fondos que fueron declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional (Rol N°9797-20), argumentando que esta propuesta no vacía las cuentas ni reduce las pensiones futuras, sino que establece un deber general, abstracto y permanente que reintegra recursos al ahorro previsional.

El proyecto propone modificar el artículo 19 N°18 de la Constitución Política para incorporar un nuevo deber previsional: en caso de que la cuenta individual obligatoria registre un saldo negativo en el año calendario por la variación del valor de las cuotas, la AFP deberá restituir dicha pérdida hasta el monto total de las comisiones y retribuciones percibidas del afiliado o de su cuenta en ese ejercicio.

La norma precisa que la pérdida se medirá en unidades de fomento (UF) para resguardar el poder adquisitivo real, convirtiéndose a pesos según el valor de la UF al 31 de diciembre. Los aportes, retiros, cotizaciones y traspasos intermedios se valorizarán a la fecha en que se realizaron para no distorsionar el cálculo. Si el afiliado se cambió de administradora durante el año, cada entidad responderá proporcionalmente por el período administrado y hasta el límite de sus respectivas comisiones percibidas.

En cuanto al destino de los fondos, la reforma dispone que la restitución deberá abonarse directamente en la cuenta de capitalización individual del afiliado dentro de los noventa días siguientes al término del año calendario, quedando sujeta a las mismas reglas y fines previsionales del resto de los ahorros para evitar que opere como un retiro de libre disposición. Solo se entregará en dinero efectivo a quienes ya no mantengan una cuenta activa o a sus herederos en caso de fallecimiento.

Para blindar el interés fiscal y la solvencia del sistema, el proyecto establece de forma perentoria que estas devoluciones serán de costo exclusivo de las AFP y no podrán pagarse con dineros de los Fondos de Pensiones, ni con el encaje legal, ni descontarse a los afiliados, prohibiendo categóricamente que generen gasto para el Fisco o habiliten la garantía estatal.

Por último, la moción incorpora una quincuagésima séptima disposición transitoria que hace aplicable este mecanismo compensatorio de manera retroactiva al año calendario 2026 y a cualquier ejercicio posterior que hubiere finalizado antes de la publicación formal de la reforma, debiendo enterarse el abono dentro de los noventa días siguientes a su promulgación o al cierre del respectivo año.

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