Si bien de eso no se habla en tiempos de campaña electoral, cuando los candidatos suelen evitar cualquier referencia a posibles costos futuros a enfrentar, se sabe que la Argentina necesitará acometer reformas que tiendan a asegurar el equilibrio fiscal y reduzcan su dependencia del financiamiento externo. Una de ellas está vinculada con la sustentabilidad del sistema previsional, tema que debió comenzar a ser analizado desde este año por una comisión que la ley denominada de “reparación histórica” obligaba al Gobierno a convocar. En paralelo, se avanzó con la actualización de los montos deducibles del impuesto a las ganancias a quienes contraten seguros de retiro y de vida. Mientras tanto, se sabe que el equipo económico está elaborando un proyecto de reforma para presentarle al presidente Mauricio Macri y encarar su tratamiento después de las elecciones.

En este marco, la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión trajo al país al economista español Pablo Antolín, jefe de la Unidad de Pensiones y director de Asuntos Financieros de la OCDE, quien apoyó los pasos que la Argentina comenzó a dar para complementar su sistema de reparto con otro de capitalización, pero que debería ser de adhesión voluntaria para no cometer los errores del pasado. Además, rechazó la idea de subir la edad jubilatoria de acuerdo con la expectativa de vida, debido a que ese parámetro “es distinto para distintos niveles socioeconómicos”. Y afirmó: “La idea de ligar la edad de jubilación a la expectativa media de vida se demuestra regresiva”.

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