Por Daniela Andrade Correa

Este trabajo examina una tensión estructural del régimen previsional ecuatoriano derivada de que la Constitución reconoce la seguridad social como derecho irrenunciable, mientras que el sistema financia las pensiones mediante un mecanismo de solidaridad intergeneracional que depende de una proporción estable entre cotizantes y beneficiarios. Se argumenta que la viabilidad financiera de este modelo se apoya en una base contributiva debilitada por dos procesos paralelos: la transición demográfica y la informalidad laboral. La forma en que se defina el problema —en términos actuariales o desde la perspectiva de los derechos humano— predetermina qué soluciones se consideran legítimas. El estudio utiliza un enfoque dogmático y crítico de naturaleza cualitativa, mediante la revisión de la normativa constitucional, los estándares interamericanos e internacionales de derechos humanos, las valuaciones actuariales disponibles y las estadísticas demográficas y laborales oficiales. El análisis demuestra tres hechos: la fecundidad cayó por debajo del nivel de reemplazo. la esperanza de vida se incrementó y más de la mitad de la población ocupada permanece en la informalidad. Esa combinación debilita el pacto contributivo y obliga al sistema a depender cada vez más del aporte estatal y de la desinversión de reservas. Finalmente se concluye que los principios de no regresividad y universalidad reducen el margen del ajuste paramétrico y desplazan el eje de la reforma hacia la ampliación de la cobertura.

Fuente Revistas.ute