El traslado de 5 billones de pesos en recursos previsionales al sistema público tiene a la industria enfrentada con el gobierno, que ordenó una investigación a las firmas

Para el gobierno, la suspensión del traspaso de recursos pone en jaque la continuidad del sistema, pero desde el gremio aseguran que la misma reforma los avala

Quien pensara que la aprobación de la reforma al sistema de pensiones de Colombia, en 2024, iba a terminar con las discusiones en torno al asunto se equivocó. Y es que a meses de que los tribunales locales suspendieran la implementación de la ley por un supuesto vicio legislativo, se está escribiendo un nuevo capítulo de esta teleserie, con las AFPs y el gobierno de Gustavo Petro trenzados en un tenso episodio relacionado con un billonario traslado de recursos desde el sistema previsional privado.

Entre decretos cruzados y medidas legales, las tensiones han estado elevándose recientemente. El objetivo del dilema: el traspaso de 5 billones de pesos colombianos (alrededor de 1.370 millones de dólares) del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) a Colpensiones, el vehículo estatal.

El gobierno ordenó el traspaso de estos recursos desde el sistema privado al ente estatal, pero el Consejo de Estado suspendió la medida. Ahora, la administración de Gustavo Petro –a través de una variedad de reparticiones estatales, incluyendo los ministerios de Hacienda y Trabajo y la Superintendencia Financiera, entre otras– está investigando a las gestoras locales. Por su parte, las AFPs defienden la decisión, asegurando que están velando por la protección de los ahorros de los trabajadores y que el traslado se ajuste a la ley y a criterios técnicos.

Este enfrentamiento está levantando preocupaciones en distintos frentes locales, con acusaciones cruzadas de actuar indebido. Para el Ejecutivo, las AFPs están reteniendo ilegalmente recursos que deberían fluir a Colpensiones para pagar pensiones de personas que cumplen con los criterios establecidos. Para el mundo privado, la presión del ejecutivo, en un contexto en que la reforma previsional aún no se zanja, pinta un panorama de intervención complicado.

El origen de esta saga está en la reforma de pensiones, que incluyó una oportunidad excepcional para que las personas que estuvieran a menos de diez años de jubilarse pudieran trasladarse al sistema público.

Los 5 billones de la discordia
Esta ventana quedó consagrada en el artículo 76 de la legislación que busca transformar el sistema previsional, la ley 2381 de 2024. Además de establecer esto, el documento indica que los recursos de las cuentas individuales seguirán siendo gestionados por las AFPs hasta el momento de consolidarse la prestación pensional.

Más adelante, la Corte Constitucional colombiana falló el año pasado –como parte de una revisión a la constitucionalidad de la reforma– por la suspensión de la entrada en vigencia de la ley, con dos excepciones: los artículos 12 y 76.

Considerando estas excepciones y basándose en ellas, el gobierno emitió en abril el Decreto 415 de 2026, un documento que –a través de su sexto capítulo– ordenó que los recursos de las cuentas de ahorro individual de las personas que se acogieron al traslado fueran transferidos a Colfondos.

Este decreto involucra aproximadamente 25 billones de pesos (cerca de 6.870 millones de dólares), incluyendo los 5 billones que ya fueron reclamados por los afiliados, que es el foco de la disputa actualmente.

En respuesta, la entidad gremial Asofondos –que reúne a las cuatro AFPs que operan en el país: Porvenir, Protección, Colfondos y Skandia– anunció inmediatamente que tomarían acciones legales.

Unas semanas después, consiguieron el respaldo del Consejo de Estado. Según señalaron en sus autos del 28 de abril y el 11 de mayo, la entidad determinó suspender el traslado de los recursos hasta que se zanje el futuro de la reforma, que actualmente está en una especie de limbo jurídico. Según el tribunal, el gobierno excedió sus facultades con su decreto, al modificar el destino de esos recursos al Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo (FAPC), que aún no se crea. Este asunto, fallaron, está reservado al Congreso.

Entonces, la situación tomó más ribetes políticos cuando el gobierno respondió con el anuncio de una investigación. A través de la Directiva Presidencial número 4, dirigida a una colección de entidades estatales y con carácter de urgente, el Ejecutivo llamó a las reparticiones a coordinarse y actuar para asegurar el traslado.

Petro también disparó contra el magistrado del Consejo, acusándolo de favorecer los intereses de la industria financiera con su fallo y pidiendo que lo demanden penalmente por prevaricación.

Las AFPs contra el gobierno
La Superintendencia Financiera estará a cargo de revisar la trazabilidad de recursos, derechos de afiliados e impactos del sistema, según solicitaron el ministro de Hacienda, Germán Ávila, y el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, en una misiva. En ella, los secretarios de Estado acusan inconsistencias en las cifras y el número de afiliados reportados por las AFPs.

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