El sistema de pensiones en México vive un cambio drástico. Mientras la Ley 73 ofrecía retiros dignos, la Ley 97 proyecta pensiones de apenas el 33% del sueldo.

Durante décadas, el sistema de pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) funcionó bajo un esquema de beneficio definido, conocido hoy como la Ley 73, vigente para quienes comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997. Tras esa fecha, todo cambió para quienes buscan una pensión, una generación de pobreza.

Este modelo se basaba en un pacto social solidario donde las aportaciones de los trabajadores activos y el gobierno financiaban las jubilaciones de quienes terminaban su vida laboral.

En este régimen, la pensión estaba previamente definida y garantizada de por vida por el IMSS, proporcionando una certeza y estabilidad que hoy parece un vestigio del pasado.

Sin embargo, esta “era dorada” está llegando a su etapa final.

Estimaciones demográficas y actuariales del propio IMSS calculan que el periodo de jubilaciones masivas bajo este esquema concluirá hacia el año 2035.

Los trabajadores más jóvenes que lograron registrarse en este sistema hoy rondan los 56 años, lo que significa que el relevo generacional hacia un modelo de incertidumbre es inminente.

La transición hacia la Ley 97 no es solo un cambio administrativo; es el paso de un sistema que protegía al trabajador a uno de “hazlo tú mismo financiero” que amenaza con convertir a México en una nación de ancianos en condiciones de indigencia.

La “fórmula mágica” de la Ley 73

El atractivo de la Ley 73 radica en la forma en que se calcula el monto mensual que recibirá el jubilado.

El IMSS toma como base el salario promedio de las últimas 250 semanas de cotización (aproximadamente los últimos cinco años de trabajo) y el número total de semanas acumuladas.

Bajo este régimen, existe un incentivo claro: entre más años trabaje una persona y mejor sea su salario en la recta final de su carrera, más alta será su pensión.

Este enfoque permitía que muchos trabajadores, con una planeación adecuada, lograran pensiones sustanciales que reflejaban fielmente su nivel de vida previo al retiro.

Otro factor determinante es el requisito de tiempo.

A un trabajador de la Ley 73 solo se le exigen 500 semanas cotizadas, lo que equivale a unos 10 años de vida laboral.

Además de la pensión mensual, estos beneficiarios conservan derechos que hoy son inexistentes para las nuevas generaciones, como la gratificación anual o aguinaldo y mayores facilidades para heredar la pensión a viudas u huérfanos.

Incluso, en el pasado, era posible obtener una “doble pensión” al cotizar tanto en el IMSS como en el ISSSTE, una posibilidad que fue eliminada con las reformas posteriores.

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