El Ministerio de Seguridad Social trabaja en la reforma de la jubilación flexible. El objetivo es incentivar la vuelta al trabajo una vez efectuado el retiro. Todo ello, para paliar la llegada de la generación del ‘baby boom’ sobre las arcas del Departamento. Esta, no obstante, es una opción por la que actualmente optan muy pocos y, como consecuencia, el impacto estimado de la medida es limitado. Según la memoria económica que acompaña al proyecto de real decreto (que salió a audiencia pública en julio), la Cartera de Elma Saiz estima un ahorro máximo de 285,33 millones al año. Es decir, en el mejor de los casos, un año de ahorro solo cubriría el 2% de la nómina mensual de pensiones.

La memoria publicada contempla la propuesta inicial de Seguridad Social para reformar esta modalidad de retiro y traslada dos escenarios para estimar el impacto de la medida. “Una vez que esté completamente implantada la medida, el ahorro puede variar entre 285,33 millones de euros y 185,87 millones de euros” detalla el documento. La cuantía final dependerá de la jornada que realicen los trabajadores a tiempo parcial, máxima o mínima legal permitida. “A medida que se realiza una menor jornada, menor ahorro se produce” explica el Ministerio en el documento, y detalla que, cualquier otro escenario dará un resultado que varíe entre esas dos cifras.

Además, las previsiones del Ejecutivo asumen que la medida irá teniendo mayor popularidad a medida que pasen los años. Y, por lo tanto, el ahorro crecerá todos los años hasta tocar un máximo en 2030. De hecho, en el caso más positivo para las cuentas de Seguridad Social, se prevé que en 2026 el impacto sea de 47 millones de euros; mientras que en el peor de los casos se limitaría a 34 millones.

El reglamento pretende sustituir a la jubilación flexible aprobada en el año 2002 por su escasa utilización. Las previsiones de Saiz indican que, con la reforma, un 14% de los nuevos jubilados vuelva a trabajar a partir de 2030.

Gasto récord

La última reforma prevista de la jubilación llega en un contexto de gasto récord en la nómina de pensiones que, según indican las previsiones, no hará más que crecer. En concreto, en el mes de septiembre, el desembolso dedicado a pagar estas prestaciones contributivas ascendió hasta los 13.638,1 millones de euros en septiembre, un 6,1% más que el mismo mes de 2024. El 73% de esta cuantía, como es habitual, fue dedicada a pagar las nóminas de jubilación (un total de 9.969.135 millones de euros, un 6% más).

Por otro lado, según los últimos datos agregados disponibles, hasta junio, el Ministerio había gastado un total de 103.634,50 millones de euros en pensiones (el 64,96% de su presupuesto). Unas cifras que ayudan a poner en contexto posible ahorro que generaría esta medida.

Un plazo de seis meses

Según desprende la memoria que acompañaba al proyecto de real decreto, la reforma de la jubilación flexible origina en el Real Decreto-ley 11/2024. Una norma que formaba parte de la segunda pata de la reforma de pensiones y que introducía cambios en la jubilación activa, parcial y demorada para incentivar el retraso en la edad de retiro. Las reformas entraron en vigor el pasado 1 de abril. La norma incluía una disposición adicional que determinaba un plazo de seis meses para abordar los cambios en el retiro flexible.

En el mes de julio, el Ministerio publicó en Transparecia el proyecto y el Consejo de Ministros llegó a un acuerdo que autoriza la tramitación urgente del real decreto. Aunque parecía que su aprobación iba a ser más rápida, los agentes sociales solicitaron modificar algunas cuestiones del reglamento. Ahora, tal y como pudo saber este diario tras la reunión del lunes pasado con patronal y sindicatos, el Ministerio se abre a cambiar algunos puntos del proyecto. Entre ellos destaca la posibilidad de aumentar la pensión de los jubilados que vuelvan a trabajar tras ser expulsados del mercado laboral.

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