El Ministerio de la Seguridad Social va a corregir un criterio en vigor desde el 1 de enero por el que ha dejado de aplicar las penalizaciones progresivas por jubilación anticipada a las personas con pensión máxima que pactó en la reforma de pensiones de 2021. Desde comienzo de año, el organismo aplica “de golpe” los recortes previstos para 2033, denuncia Juan, un trabajador afectado, a punto de jubilarse de manera anticipada. Tras las quejas de los sindicatos CCOO y UGT, el departamento de Elma Saiz va a rectificar y volver a aplicar el periodo transitorio de penalizaciones, adelantan en el Ministerio a elDiario.es.

El conflicto se originó a finales de año, cuando la Seguridad Social colgó un mensaje en su Simulador de la pensión que advertía de que, a partir del 1 de enero, dejaba “de ser de aplicación lo dispuesto en el apartado segundo de la Disposición Transitoria 34” de la Ley General de la Seguridad Social y que, por tanto, los cálculos de jubilaciones anticipadas afectadas por esta “no son correctos”.

En la práctica, esto puede significar un gran –y repentino– aumento de las penalizaciones por retiro anticipado para quienes cobran la pensión máxima. En el caso más extremo, el recorte puede alcanzar los 400 euros al mes más.

Es el caso de la penalización para quienes tengan derecho a la pensión máxima, con menos de 38 años y medio cotizados y decidan anticipar el retiro dos años antes de la edad legal de jubilación. En ese caso, el periodo transitorio pactado recogía un recorte del 9,1% en la pensión en 2026, pero la Seguridad Social está aplicando de golpe el del final del periodo: un 21%, que se preveía aplicar en 2033.

A Juan (nombre ficticio), el cambio le implica pasar de un recorte del 3% a uno del 5,5%. “Con la paradoja de que si supiese esto y hubiese solicitado la jubilación para diciembre, la reducción habría sido del 4,76%, pero el INSS me ‘engañó”, sostiene el trabajador.

El conflicto: el periodo transitorio de penalizaciones

El foco del conflicto ha sido la interpretación de la Seguridad Social de la ley pactada con los sindicatos y los empresarios en 2021 sobre estos coeficientes reductores. En la mencionada disposición transitoria 34 se plasmó el periodo transitorio para elevar, poco a poco, las penalizaciones por retiro anticipado a las personas con derecho a la pensión máxima, que el entonces ministro José Luis Escrivá insistía en que tenían una posición ventajosa respecto al resto de trabajadores.

Como las penalizaciones se aplicaban sobre la base reguladora (similar al salario), en el caso de los sueldos más altos –con bases de cotización por encima de la pensión máxima– el resultado era que, aunque los trabajadores se jubilaran de manera anticipada, apenas veían mermada su pensión final.

Esto, que se justificaba desde una lógica en la que estos trabajadores con salarios más altos aportan más al sistema, no tenía ningún efecto desincentivador del retiro anticipado para este grupo de trabajadores, denunciaba Escrivá. Finalmente, el Ministerio pactó con los agentes sociales aplicar los recortes sobre la pensión máxima (en lugar de sobre la base de cotización), pero hacerlo poco a poco, de manera progresiva en una senda ascendente de penalizaciones desde 2024 a 2033, que además fuera acompañado de un aumento de la pensión máxima.

Esos recortes progresivos se plasmaron en la disposición transitoria 34 de la Ley de la Seguridad Social, en su segundo apartado. Sin embargo, se incluyó un ‘pero’. En el apartado uno se contempló (en un artículo de difícil comprensión) que estos coeficientes “sólo resultarán de aplicación” cuando la pensión reconocida no resultase en ningún caso inferior a la que habría correspondido con la aplicación de las normas vigentes en 2021.

Con base a este artículo, dada la inflación elevada de los años pasados y, por tanto, lo que ha subido la pensión máxima –situada en 3.360 euros brutos al mes en 14 pagas este año–, la Seguridad Social han interpretado que las pensiones resultantes ya son en todo caso superiores a las que se hubieran percibido antes de la reforma de 2021. Por ello, ha dejado de aplicar el periodo transitorio desde el pasado 1 de enero e implementa los coeficientes reductores finales de la tabla. Los que estaban planteados para 2033.

Cambio tras las quejas de los sindicatos

“Es un incumplimiento flagrante de lo pactado”, denunciaba el pasado viernes Carlos Bravo, Secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO. El sindicalista advertía de que, en el pacto social, se había planteado el apartado 1 de la disposición “como una garantía adicional” a las penalizaciones progresivas hasta 2033, y no como un condicionante para su aplicación.

Bravo explicaba que, por cautela ante la posibilidad de años de bajadas de precios o inflaciones muy reducidas en los próximos años, las partes acordaron incluir un añadido a la tabla de penalizaciones progresivas que garantizara que “en ningún caso” las pensiones resultantes serían peores que las que hubieran resultado en 2021.

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