La ministra del Trabajo anunció que Colpensiones necesita cerca de $58 billones y que faltan $5 billones para pagar las mesadas de noviembre y diciembre de 2026. La frase “no está la plata, no están los recursos” produjo una alarma comprensible entre los pensionados, que se amplió con la alerta de la Contraloría por $4,2 billones.

Pero allí parecen mezclarse tres asuntos diferentes: el mayor valor de las pensiones, una eventual insuficiencia presupuestal y un problema de caja o del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC). Por eso importa revisar las cuentas.

Los informes de ejecución de los Fondos Administrados por Colpensiones, con corte al 31 de agosto, muestran que la apropiación vigente para pensiones y jubilaciones es de $72,47 billones. De estos se habían pagado $46,31 billones y la proyección de cierre se ubica, bajo supuestos razonables, entre $69,5 y $70,5 billones.

Las cuentas publicadas no muestran un faltante presupuestal de $5 billones. Por el contrario, bajo los supuestos utilizados y de continuarse la tendencia de pagos, muestran un saldo probable de apropiación de aproximadamente $2 a $3 billones. Es decir, los escenarios calculados caben dentro de la apropiación vigente.

Esto significa que el debate está confundiendo tres cosas diferentes. La primera es si el presupuesto aprobado alcanza para pagar las pensiones de 2026. La segunda es si, aun existiendo esos recursos en el presupuesto, el Gobierno dispone del efectivo necesario para hacer los pagos de noviembre y diciembre. Y la tercera es cuánto aumentó el gasto en pensiones frente a 2025. Son problemas diferentes y exigen respuestas diferentes.

Las cifras oficiales de ejecución de Colpensiones indican que el primero no existe: la apropiación presupuestal alcanzaría para cubrir los pagos previstos.

La estacionalidad importa porque en junio y diciembre se pagan mesadas adicionales. El promedio mensual entre enero y agosto fue de $5,79 billones, mientras que el pago de agosto fue de $5,66 billones. Si durante los cuatro meses restantes se reproduce la mesada mensual promedio y en diciembre se agrega una mesada adicional igual a la estimada para junio, el resultado sería de $69,98 billones y quedarían $2,49 billones sin ejecutar.

Incluso si la mesada adicional de diciembre fuera 50 % mayor que la de junio, el cierre llegaría a $70,50 billones y todavía quedarían casi $2 billones disponibles de lo presupuestado.

El aumento del salario mínimo ya está incluido
Una explicación difundida para el supuesto faltante atribuye alrededor de $5 billones al aumento del salario mínimo de 2026. Ese argumento debe conciliarse con la ejecución observada.

Los pagos efectuados entre enero y agosto ya incorporan el reajuste que comenzó a regir el 1 de enero. Por tanto, una proyección construida a partir de la mesada de agosto ya contiene ese efecto.

Además, el reajuste no es uniforme para todas las pensiones. El artículo 14 de la Ley 100 de 1993 establece que las mesadas superiores al salario mínimo se actualizan con la variación del IPC, mientras que las pensiones equivalentes al mínimo se ajustan con el aumento de este.

Una estimación de $5 billones tendría que mostrar cuántas mesadas pertenecen a cada grupo, el mayor valor recaudado por cotizaciones debido al aumento del salario mínimo, la variación aplicable, los nuevos pensionados y la diferencia frente a lo que ya había previsto el presupuesto.

Esa conciliación no se ha divulgado. Además, la ministra habla de $5 billones mientras que la Contraloría habla de $4,2 billones.

Los ingresos también han aumentado
La ejecución de los ingresos refuerza la conclusión.

Con ocho de los doce meses transcurridos, una trayectoria lineal equivaldría al 66,7 % del aforo. Las cotizaciones habían alcanzado el 68,9 % y los recursos provenientes de traslados, el 72 %. Proyectados de manera lineal, ambos conceptos cerrarían por encima de lo presupuestado.

La proyección conjunta de cotizaciones y traslados alcanza $40,32 billones. Todo lo demás constante, esta combinación reduciría la transferencia nacional necesaria al cierre, en lugar de aumentarla.

El aporte de la Nación presenta otra dinámica. A agosto, Colpensiones registraba un recaudo por aportes de la Nación de $18,76 billones, el 55,5 % de un aforo de $33,78 billones. El rezago de este rubro puede ser una señal de caja o de programación de giros, pero no demuestra que falte apropiación.

Presupuesto y caja no son lo mismo
La suficiencia presupuestal responde a una pregunta: si existen la autorización y un monto disponible para reconocer y pagar una obligación. Como muestran los datos anteriores, el aumento del costo de las pensiones estaba contemplado en la apropiación presupuestal vigente.

La caja plantea una pregunta diferente: si el Tesoro cuenta cada mes con el efectivo necesario y si el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) asignó oportunamente los cupos de pago. El artículo 73 del Estatuto Orgánico del Presupuesto dispone que la ejecución del gasto se realiza mediante el PAC.

Una apropiación puede ser suficiente y, al mismo tiempo, puede existir una tensión temporal de liquidez si el recaudo, la colocación de deuda o los giros de la Nación se retrasan. Esa tensión sería seria, pero su diagnóstico y sus soluciones son diferentes.

El aumento del valor de las pensiones frente a 2025 es una tercera discusión, pero ese aumento no parece corresponder a los $5 billones.

La diferencia importa para la política pública. Un faltante de apropiación exigiría una adición o un traslado presupuestal. Un faltante de caja exigiría reprogramar el PAC, acelerar giros, administrar temporalmente la liquidez o conseguir financiación.

Si lo que se discute es el aumento del gasto pensional, este debe descomponerse en sus causas: el reajuste de las mesadas equivalentes al salario mínimo; la actualización con el IPC de las pensiones superiores al mínimo; el aumento neto del número de pensionados —nuevos reconocimientos menos fallecimientos y extinciones—; los cambios en la composición y el valor promedio de la nómina, y los pagos extraordinarios por retroactivos, reliquidaciones, decisiones judiciales o mesadas adicionales.

El efecto fiscal neto no corresponde al aumento bruto de la nómina, sino a ese mayor gasto menos el aumento de las cotizaciones y de los demás ingresos propios recurrentes.

Confundir estos tres problemas y lanzar anuncios sin una explicación clara aumenta innecesariamente la incertidumbre de los pensionados.

La tensión fiscal sí merece una alerta
Una dificultad de caja del Gobierno es posible en el contexto fiscal actual. Como mostré en un análisis anterior sobre el presupuesto de 2027, la deuda bruta del Gobierno Nacional Central ascendía en junio de 2026 a $1.167,2 billones, equivalentes al 60,5 % del PIB.

Más preocupantes que el nivel aislado son su trayectoria y su costo: la deuda ha crecido más rápido que la economía, los intereses absorben una proporción elevada del recaudo tributario y Colombia mantiene una carga tributaria baja frente a sus obligaciones permanentes.

Cuando una parte creciente de los ingresos debe destinarse a intereses y amortizaciones, el Tesoro pierde margen para acomodar las diferencias mensuales entre recaudos y pagos. Si además el recaudo corriente crece poco, la caja depende cada vez más de nuevas colocaciones de deuda, refinanciaciones y una programación estricta de los desembolsos.

Esa es una hipótesis que debe comprobarse con información de caja y del PAC. El problema podría no ser que el presupuesto de Colpensiones haya omitido $5 billones, sino que la Nación enfrente restricciones para convertir oportunamente sus autorizaciones presupuestales en efectivo.

Llamar cada problema por su nombre
Las cifras disponibles permiten una conclusión precisa. Con corte a agosto, el presupuesto vigente de pensiones parece suficiente y la ejecución proyecta un cierre inferior al monto apropiado. Los ingresos por cotizaciones y traslados también mostraban un comportamiento favorable. Por eso, hasta agosto no existe evidencia presupuestal que respalde un faltante de $5 billones para pagar las pensiones de noviembre y diciembre.

Puede existir un problema de caja. De ser así, el país debe conocerlo, porque revelaría hasta qué punto el alto endeudamiento, el costo financiero y el bajo recaudo podrían estar reduciendo el margen de liquidez. Pero esa es otra discusión y exige otra evidencia. Presentarla como un faltante propio de Colpensiones desplaza la atención de la situación general de las finanzas públicas y puede conducir a diagnósticos equivocados sobre el sistema pensional.

Los pensionados no necesitan mensajes alarmistas ni tranquilizadores sin soporte. Necesitan información conciliada que muestre cuánto se debe pagar, cuánto se ha recaudado, cuánto ha girado la Nación y cuánto efectivo está programado. Solo con esa información podrá saberse si existe una presión temporal de tesorería.

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