La caída del fondo E y la confianza en las administradoras de pensiones vuelven a cruzarse en el debate económico. Esta vez, el escenario es la reforma al mercado de capitales impulsada por el Gobierno, que busca incorporar a las AFP entre las entidades autorizadas para administrar el nuevo Ahorro Voluntario para la Vivienda (AVV). La indicación del Ejecutivo fue aprobada por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados por nueve votos a favor y cuatro en contra, abriendo una nueva controversia sobre el alcance del negocio de estas instituciones.

La modificación se discute en medio de la caída superior al 10 del fondo E -el más conservador del sistema de pensiones-, situación que ha intensificado los cuestionamientos sobre la gestión de los riesgos financieros de las AFP. En ese contexto, la posibilidad de que estas administradoras asuman también la gestión de recursos destinados a la compra de una primera vivienda ha levantado alertas en el mundo político.

El nuevo instrumento forma parte del proyecto de ley de Reforma al Mercado de Capitales y financiamiento de la Casa Propia. Su objetivo es facilitar la acumulación de recursos para cubrir el pie de una primera vivienda mediante una cuenta de ahorro específica. De acuerdo con el diseño de la iniciativa, quienes consigan reunir de manera continua un ahorro equivalente al 7% del valor de la propiedad podrían recibir una bonificación estatal del 3%, completando así el 10% requerido para el pie. Si los recursos se destinan a otro propósito, la bonificación deberá reintegrarse al Fisco.

El cambio introducido por La Moneda amplía el universo de entidades que podrían administrar estos recursos. El diseño original contemplaba bancos, administradoras de fondos, compañías de seguros de vida, cooperativas y cajas de compensación, sujetas a la regulación correspondiente. Con la nueva indicación, las AFP también quedarían facultadas para abrir y mantener cuentas de capitalización habitacional y ofrecer planes de ahorro voluntario para la vivienda. La propuesta supone, por tanto, extender las actividades de estas instituciones más allá de su función tradicional en el sistema previsional.

Desde el Gobierno, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, defendió la incorporación de las AFP como una forma de ampliar la competencia. Durante la discusión legislativa, sostuvo que, al tratarse de ahorros con un horizonte de aproximadamente 26 meses, sumar a estas administradoras permitiría contar con más actores en el mercado. También afirmó que el riesgo de contraparte no estaría presente y que el riesgo asociado a los instrumentos se mantendría bajo control, argumentos con los que buscó responder a las objeciones planteadas en la comisión.

Sin embargo, la ampliación del giro de las AFP generó reparos desde la oposición. La diputada Irací Hassler (PC), quien participó en la discusión, cuestionó que la mayor competencia se presente como una ventaja sin demostrar de antemano sus beneficios concretos para las personas. A su juicio, la entrada de nuevos actores debería traducirse en menores comisiones, mejores rentabilidades o condiciones más favorables para quienes ahorren con el propósito de adquirir una vivienda. La discusión, así, no se limita a quién puede ofrecer el servicio, sino también a qué garantías tendrán sus usuarios.

La controversia adquiere mayor relevancia al considerar que el ahorro habitacional tiene un propósito y un horizonte distintos de los del ahorro previsional. Mientras el primero apunta a reunir el dinero necesario para acceder a una propiedad, el segundo está destinado a financiar las pensiones. Aunque se trata de instrumentos diferentes, las pérdidas del fondo E han vuelto a poner sobre la mesa la exposición de los ahorros a las fluctuaciones de los mercados y la necesidad de contar con mecanismos eficaces de supervisión. La indicación ya superó la votación en la Comisión de Hacienda, pero todavía debe continuar su tramitación legislativa.

Leer más @radiouchile