La Ley de Reforma Previsional definió que en agosto de 2026 el actual Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS) pasará a ser una de las prestaciones del Seguro Social, absorbiendo la prima de cargo del empleador que actualmente lo financia, que ha fluctuado entre 1,3% y 2,3% de la renta imponible, y que actualmente se ubica en 1,62%.

Así, desde 2026 “dicho seguro será financiado por el Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP), mediante la cotización que realicen los empleadores al Seguro Social previsional”, establece la reforma. Esta cotización será del 2,5%, pero también irá a financiar la compensación a las mujeres por su mayor expectativa de vida.

Por eso, en junio de 2025 el gobierno anterior ingresó un proyecto al Congreso que regula y permite el traspaso del SIS al FAPP, el organismo público, de carácter técnico y autónomo, encargado de gestionar el Seguro Social.

Ese proyecto no avanzó en la administración Boric y sigue en su primer trámite constitucional, pero la semana pasada la comisión de Hacienda del Senado retomó el debate, donde el presidente del FAPP, Enrique Marshall, pidió a los senadores que la iniciativa se pueda aprobar pronto.

La comisión de Hacienda volvió a sesionar este martes, instancia en la cual la subsecretaria de Previsión Social, Elisa Cabezón, anunció que el gobierno pretende presentar indicaciones al proyecto de ley.

Además, Cabezón planteó la posición del Ejecutivo respecto de la crítica que hicieron las AFP cuando se presentó el proyecto de ley y acusaron al gobierno previo de no haber cumplido con lo que prometía la reforma previsional.

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