El quinto retiro y la economía que no vemos. Cómo nuestros ahorros de las AFP pueden reactivar Chile
El fantasma del quinto retiro de los fondos de pensiones ha vuelto a resurgir. Por un lado, tenemos a las AFP que gritan vociferantes “irresponsabilidad política” y, por otro lado, los gobiernos de turno que utilizan el instrumento de la responsabilidad fiscal para justificar ajustes, dejando de lado el problema central del país: la clase trabajadora siente y vive la desigualdad, y al mismo tiempo, tiene consciencia de ello. En medio de ese ruido, y omisión por otro, se pierde la pregunta de fondo. ¿Qué pasa si, en lugar de retirar para consumir o dejar que los fondos sigan mayoritariamente invertidos en el extranjero, los redirigimos hacia la economía real que necesita el país?
A febrero de 2026, el sistema de AFP acumula $224,4 billones de pesos en activos, donde la inversión, en términos generales, corresponde a $107,7 billones (48%) invertidos en Chile, y $116,7 billones (52%) en el extranjero. Dentro de la inversión nacional, la mayor parte —$81,4 billones— se concentra en renta fija: bonos de la Tesorería, del Banco Central, de bancos y empresas. Solo $23 billones están en acciones de empresas chilenas (apenas el 10,3% del total del sistema). El resto son instrumentos financieros que no generan empleo, no construyen hospitales, no levantan viviendas.
La economía chilena tiene un problema estructural de demanda interna. El consumo de las familias trabajadoras y emprendedoras está estancado, la inversión privada no despega y el Estado se endeuda para financiar gastos corrientes en lugar de proyectos productivos. Esa es una verdad que no podemos obviar. Mientras tanto, más de la mitad del ahorro previsional de los trabajadores se va a fondos mutuos en Nueva York, a bonos del Tesoro estadounidense o a acciones de empresas que no tienen ni una oficina a lo largo y angosto de nuestro país. Es una fuga legal y dañina. Podríamos llamarla la legalización de la desinversión nacional.
El tercer retiro dejó lecciones dolorosas. 8.832.351personas retiraron, con un promedio de $1.443.064 de pesos por persona. De ellas, 4.159.134 personas agotaron completamente sus ahorros previsionales. Las mujeres, los jóvenes y los migrantes fueron los más afectados. Por cierto, que el retiro no fue un acto de irresponsabilidad. Fue un salvavidas en medio de una crisis que el modelo no supo prevenir. Pero al mismo tiempo fue un parche. Ese dinero se fue mayoritariamente a consumo inmediato – alimentos, deudas, arriendos – sin generar inversión productiva.
En lugar de discutir si se retira o no, discutamos para qué sirven esos fondos cuando se encuentran en las cuentas. La rentabilidad de los fondos a febrero de 2026 muestra que el Fondo A – que es el fondo más riesgoso – obtuvo un 2,11% real, gracias a la renta variable extranjera, correspondiente a +2,46 puntos. Las acciones nacionales restaron -0,62. Es decir, Chile no es un destino favorable para la rentabilidad de los fondos chilenos manejados por las administradoras privadas que operan en Chile. ¡Qué paradoja!
Esto no es una condición natural, sino que es el resultado de décadas de desindustrialización, de apertura financiera irrestricta e irresponsable y de un Estado que a lo largo de décadas y de herencias neoliberales, ha abandonado el sentido de planificación para el desarrollo nacional, descolgándose de su sentido originario: la fuerte crítica a las lógicas de subordinación a las potencias del momento.
La alternativa existe y no es teórica. Si los fondos de pensiones se redirigieran masivamente hacia la inversión nacional productiva, podríamos financiar, por ejemplo, planes de viviendas sociales masivos, que reactive el sector de la construcción y genere empleos técnicos y de obras formales; Un sistema de salud público modernizado, que permita reducir efectiva y eficazmente las listas de espera, ofreciendo puestos de trabajo estables, particularmente a profesionales de la salud; Un programa de eficiencia energética y energías renovables, con participación estatal y privada, que reduzca la dependencia de combustibles importados como el petróleo, o también proyectos de infraestructura logística para pequeñas y medianas empresas exportadoras, fortaleciendo el comercio intrarregional e intranacional.
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