Tiempos sin precedentes. Esa es una forma de describir la época de la pandemia de COVID-19, que sacudió a las economías del mundo transversalmente, sin excepción. Y en el caso chileno, una de las medidas de emergencia que se aplicaron fue la apertura de ventanas de rescates parciales en los fondos de pensiones, buscando dar liquidez a los abatidos hogares del país andino. Ya han pasado cinco años desde que se aprobó el tercer y último retiro y, si bien los vehículos previsionales ya recuperaron el AUM, desde la plaza local advierten que el impacto sigue vigente.

Dentro de todos los proyectos que ingresaron al Congreso en la época, fueron tres retiros de hasta el 10% de los recursos los que se materializaron. La primera ventana inició el 31 de julio de 2020, mientras que la segunda empezó el 10 de diciembre de ese año y la tercera partió el 28 de abril de 2021. Estas tres ventanas estuvieron abiertas por 365 días, desde esas fechas de inicio.

El resultado: una enajenación masiva de activos, con las AFPs acomodando las carteras para poder asegurar la liquidez necesaria para hacer frente al proceso. Con todo, las desinversiones acumulaban 45.809 millones de dólares al cierre de 2025, según cifras de la Superintendencia de Pensiones.

Para ponerlo en perspectiva, esto equivale a alrededor de un 25% de los fondos totales acumulados a julio de 2020 y al 18% del PIB de Chile ese año.

A estas alturas, gracias a los rendimientos de las carteras de los vehículos previsionales, el AUM ya se ha recuperado de este bache. Sin embargo, esto no compensa el impacto que los retiros han tenido, según especialistas locales, ya que hay un vacío que reponer en la rentabilidad que podría haber sido, sin las desinversiones.

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