México. México pone fin a pensiones millonarias y destinará recursos a Bienestar
El Gobierno de México puso fin a las llamadas “pensiones doradas” tras la publicación del decreto en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), con el que se reforma el artículo 127 de la Constitución para establecer límites a las jubilaciones de altos funcionarios.
La medida, que entra en vigor un día después de su publicación, busca eliminar privilegios en el servicio público y reorientar recursos hacia programas sociales prioritarios.
Tope a pensiones: no podrán superar el 50% del salario presidencial
Con la reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, las pensiones de exfuncionarios de altos mandos de confianza no podrán exceder el 50% de la remuneración de la persona titular del Ejecutivo Federal.
El objetivo es evitar que servidores públicos retirados continúen recibiendo ingresos elevados financiados con recursos públicos, como ocurría en algunos casos.
Ahorro millonario será destinado a Programas de Bienestar
De acuerdo con estimaciones oficiales, esta medida permitirá recuperar alrededor de 5 mil millones de pesos, los cuales serán canalizados a los Programas para el Bienestar.
La reforma forma parte de una política más amplia enfocada en la austeridad y la redistribución del gasto público.
El decreto también refuerza principios clave en materia de remuneraciones:
- Ningún servidor público podrá ganar más que la persona titular del Ejecutivo Federal.
- Tampoco podrán percibir ingresos iguales o mayores a los de su superior jerárquico.
Se contemplan excepciones únicamente en casos de especialización técnica, condiciones laborales específicas o acumulación de funciones, siempre respetando los límites establecidos.
Aplicación en todos los niveles de gobierno
La reforma aplica a personal de confianza en organismos públicos de distintos niveles, incluyendo:
- Entidades paraestatales
- Empresas públicas
- Fideicomisos
- Gobiernos estatales y municipales
Con ello, se busca homologar criterios y evitar disparidades en el pago de pensiones dentro del sector público.
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