Repensar la desigualdad en Latinoamérica
Por: ANA MARIA IBÁÑEZ
Casi todo el mundo está de acuerdo en que la distribución desigual del ingreso, la riqueza y las oportunidades en América Latina y el Caribe (ALC) ha obstaculizado los esfuerzos por construir sociedades cohesivas y democracias sólidas, además de frustrar las ambiciones de los jóvenes. Pero los esfuerzos por cerrar la brecha entre ricos y pobres han sido insuficientes y el progreso se ha estancado. Los gobiernos necesitan urgentemente mejores pruebas sobre cómo remediar este problema de larga data.
Con este fin, el Banco Interamericano de Desarrollo se ha asociado con la Escuela de Economía de Londres, la Universidad de Yale, el Instituto de Estudios Fiscales y académicos de más de una docena de universidades líderes para lanzar una reconsideración integral de la desigualdad en ALC. La investigación inicial del proyecto (que incluye revisiones críticas de la literatura existente, datos recientes y nuevos análisis) ya ha demostrado que la desigualdad en la región no es tan predecible ni tan estática como muchos creen.
Para empezar, ALC no es uniformemente desigual . Algunos países, como Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras y Panamá, tienen una desigualdad de ingresos extremadamente alta, mientras que otros, como Bolivia, República Dominicana, El Salvador y Uruguay, tienen disparidades de ingresos similares a las de Estados Unidos.
Además, lejos de ser una característica fija de las sociedades de ALC, la desigualdad ha fluctuado a lo largo del tiempo. En la mayoría de los países, comenzó a aumentar rápidamente en el decenio de 1970, alcanzó su punto máximo en el decenio de 1990 y luego empezó a descender. La desigualdad en la región hoy es menor que hace tres décadas, debido a los avances educativos (que redujeron la brecha salarial), el crecimiento económico impulsado por las materias primas y una serie de programas sociales gubernamentales. Pero esencialmente se ha estancado en niveles inaceptables desde 2014, cuando el estancamiento económico se extendió por toda la región.
Un estudio que sigue la evolución de la desigualdad desde 1980 hasta hoy muestra que este patrón amplio esconde variaciones significativas . Por ejemplo, Bolivia, Brasil, Chile y Perú redujeron significativamente la desigualdad entre 1980 y 2010, aunque sus niveles siguen siendo altos en comparación con otros países en una etapa similar de desarrollo. Por el contrario, la desigualdad ha aumentado constantemente en Costa Rica durante este período. Debería abandonarse el supuesto fatalista de que toda la región está maldita por una desigualdad estructural que es inmune a las intervenciones políticas.
El proyecto también ha revelado que la desigualdad de riqueza en la región parece estar más profundamente arraigada que la desigualdad de ingresos. Aunque los datos aún son bastante limitados, un estudio encuentra que en Chile, Colombia y Uruguay, alrededor del 1% de la población controla entre el 37 y el 40% de la riqueza total, mientras que la mitad más pobre de la población controla sólo una décima parte. Además, muchos hogares de bajos ingresos tienen un patrimonio negativo, porque sus deudas pendientes son mayores que el valor combinado de su casa, sus vehículos y otros activos.
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También hay nueva evidencia de que las oportunidades y los ingresos potenciales de los niños en la región tienden a reflejar los de sus padres, lo que implica bajos niveles de movilidad intergeneracional. Un estudio muestra que entre el 44% (Argentina) y el 63% (Guatemala) de la actual desigualdad de ingresos en nueve países de ALC se explica por factores “heredados”. Entre las variables que contribuyen a la persistencia de la desigualdad entre generaciones se encuentran nacer en áreas de bajos ingresos, pertenecer a una minoría étnica y tener padres con escolaridad limitada u ocupaciones mal remuneradas. Pero aquí, nuevamente, el panorama que surge tiene más matices. En países con una historia de esclavitud o de opresión de pueblos indígenas, los factores raciales o étnicos predicen niveles mucho más bajos de movilidad social intergeneracional.
Por último, la geografía importa, pero no siempre de manera predecible. El hecho de que el 80% de la población de ALC viva en ciudades, por ejemplo, ha reforzado el supuesto de que la dinámica rural tiene poco efecto sobre la desigualdad de ingresos en la región. Pero nueva evidencia sugiere que las brechas de ingresos agrícolas, debidas en gran medida a la baja productividad laboral de las pequeñas explotaciones, explican entre el 11% (Uruguay) y el 58% (Bolivia) de la desigualdad general de ingresos en nueve países.
Hasta ahora, el proyecto ha confirmado que la desigualdad en ALC es inaceptablemente alta, al tiempo que ha demostrado su fluidez y capacidad de respuesta a factores que pueden afectar el grado en que se “hereda”. Armados con esta comprensión matizada, los formuladores de políticas deberían abandonar algunos enfoques del problema, perfeccionar otros y probar estrategias completamente nuevas que se adapten mejor a las necesidades específicas de su país. Por ejemplo, países como Colombia y Perú, donde muchos trabajadores tienen contratos informales y por lo tanto pagan pocos o ningún impuesto, necesitarían un conjunto diferente de políticas para sus sistemas impositivos y de pensiones en comparación con países como Chile y Uruguay, donde una proporción mayor de la población activa contribuye a las pensiones y a la seguridad social.
Si bien las estrategias tradicionales, como ampliar y mejorar la calidad de la educación y ofrecer asistencia en efectivo a los hogares de bajos ingresos, pueden ser eficaces, no son suficientes para reducir la desigualdad en todos los entornos. Para lograrlo, los gobiernos de ALC deben promover un crecimiento económico que pueda generar empleos más productivos (y formales) y adoptar una nueva generación de políticas fiscales que den a todos un asiento en la mesa.