El nuevo rostro de las pensiones en Chile: ahorro y justicia social
Chile vuelve a estar en el centro del debate regional sobre pensiones. Cuarenta años después de haber inspirado a América Latina con su modelo de cuentas individuales, el país da un giro importante: mantiene el ahorro personal, pero suma un componente solidario que busca corregir desigualdades históricas. En un continente donde la informalidad y las brechas laborales siguen marcando la vejez, la nueva reforma previsional chilena abre una pregunta relevante para México y la región: ¿cómo construir un sistema de pensiones que combine viabilidad financiera con justicia social?
En toda América Latina, los sistemas de pensiones se encuentran en transformación. Panamá ha reordenado su esquema previsional; Uruguay elevó la edad de retiro y ajustó reglas para garantizar sostenibilidad, mientras que Perú mantiene retiros de AFP que alivian hoy, pero comprometen el ahorro futuro. En este panorama, Chile, referente por su temprano uso de cuentas individuales, da un paso distinto: mantiene el ahorro personal e incorpora un componente solidario con gradualidad y disciplina fiscal.
Qué cambia y por qué importa
Desde agosto de 2025 comenzó a aplicarse un aumento gradual del 1 % de cotización a cargo del empleador, que llegará a 8.5 % en los próximos años. La reforma no elimina las cuentas individuales ni a las administradoras de fondos, pero introduce un seguro social solidario financiado por el empleador y refuerza la Pensión Garantizada Universal (PGU), su pilar no contributivo.
El objetivo es claro: mejorar los montos de pensión, reducir desigualdades y dar estabilidad a quienes tuvieron trayectorias laborales intermitentes o con bajos ingresos.
El nuevo aporte se divide entre:
- Cuentas individuales, que siguen acumulando ahorro personal.
- Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAAP), un componente solidario que complementa las pensiones bajas y corrige brechas.
En su etapa final, la distribución quedará en 4.5 % a capitalización individual y 4 % al seguro social, equilibrando ahorro y solidaridad. El efecto esperado es elevar el monto mínimo de las pensiones y acotar la distancia entre quienes lograron cotizar de manera continua y quienes no.
La Pensión Garantizada Universal, por su parte, se incrementará de manera escalonada hasta 250 mil pesos chilenos, priorizando a las personas de mayor edad y luego ampliarse por grupos etarios. Con esto, se reduce el riesgo de pobreza en la vejez y se complementa el esfuerzo contributivo, especialmente en los hogares con menor densidad de cotización.
La reforma también incorpora una mirada de género y de cuidados: reconoce las trayectorias fragmentadas de las mujeres, los periodos dedicados al cuidado y la mayor longevidad, compensando sus desventajas sin romper la lógica contributiva del sistema. El objetivo es no dejar fuera a quienes hicieron trabajo de cuidado o tuvieron carreras intermitentes.
Del modelo individual al contrato social previsional
La experiencia de las últimas décadas mostró que un sistema basado solo en ahorro individual resulta insuficiente frente a la informalidad, desigualdad salarial y esperanza de vida creciente. Chile no se mueve a un sistema de capitalización colectiva o reparto, pero sí complementa: mantiene el ahorro individual, añade solidaridad dentro del propio sistema y refuerza la PGU. Con ello mejora el monto, reduce la dispersión entre casos similares y evita presiones fiscales desordenadas
El desafío no es únicamente aportar más, sino diseñar mejor: articular capitalización y seguro social, consolidar un piso universal (PGU) y gobernar con reglas previsibles, datos y evaluación continua. Con este giro, Chile transita de un modelo centrado en el individuo hacia un contrato social previsional que redistribuye riesgos sin renunciar a la acumulación financiera, orientando la suficiencia con disciplina y horizonte de largo plazo.
Lecciones para la región
Para América Latina, la lección chilena es clara: no se trata de elegir entre el Estado o el mercado, sino de hacerlos coexistir. La sostenibilidad requiere equilibrio entre ahorro, solidaridad y corresponsabilidad.
Los sistemas previsionales del futuro deberán:
- Avanzar con gradualidad y reglas claras para cuidar el empleo.
- Enfocar apoyos en la base, elevando el piso universal.
- Incorporar perspectiva de género y de cuidados.
- Evaluar y ajustar parámetros de forma continua.
Chile 2025 marca el tránsito hacia un nuevo contrato social previsional: uno que redistribuye riesgos, fortalece la confianza y reconoce que el bienestar de las personas mayores no puede depender únicamente de su historia laboral, sino del compromiso compartido de toda la sociedad.
* David Palán Buenaño (@davidpalanb) es actuario de la Universidad de Alcalá; actualmente se desempeña como especialista de la Comisión Americana de Actuaría y Financiamiento en la CISS.
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