La reforma previsional ya no es un debate legislativo, sino una operación institucional compleja, con múltiples actores, plazos estrictos y un margen de error prácticamente inexistente. Lo que está en juego no es solo eficiencia administrativa, sino la confianza pública.

La reforma aprobada introduce un nuevo entramado institucional que exige coordinación fina entre el Instituto de Previsión Social (IPS), la Superintendencia de Pensiones, la Subsecretaría de Previsión Social, el Fondo Autónomo de Protección Previsional y las AFP. Si esa coordinación no está claramente liderada, con responsabilidades definidas y canales de resolución de conflictos efectivos, el sistema se vuelve frágil.

A lo anterior se suma un calendario 2026 particularmente cargado. Aumentos de la PGU, incorporación de nuevos beneficios y beneficiarios, ajustes operativos en el IPS y, en paralelo, decisiones regulatorias complejas que recaen especialmente sobre la Superintendencia de Pensiones.

Por eso, una de las primeras decisiones del nuevo gobierno —aunque no siempre se reconozca como tal— es de gobernanza. Definir oportunamente la conducción de la Superintendencia de Pensiones no es un gesto político, sino una condición para la estabilidad del sistema.

Más allá de la definición del Superintendente, una tarea pendiente del próximo gobierno es la modernización de la Superintendencia. Sería deseable que funcionara más como un Consejo, con distintas voces, lo que favorecería la diversidad de opiniones y reforzaría la transparencia.

Durante 2026 debe cerrarse, además, el marco regulatorio de los Fondos Generacionales, cuya implementación comenzará en 2027. Más allá del desafío operativo, este cambio tiene implicancias relevantes para el mercado de capitales. En Chile, a diferencia de lo que ocurre en otros países, el regulador quedó a cargo de definir tanto la trayectoria de inversión (glidepath) como las carteras de referencia (benchmark).

Distintos actores ya han advertido sobre las consecuencias negativas que puede traer una mala definición de estos criterios. Acá es importante que las definiciones sean lo suficientemente flexibles para que cada AFP pueda definir sus estrategias de inversión, pues de lo contrario, el regulador -en la práctica- tomaría el control de ellas, y el rol fiduciario de las AFP se vería diluido.

Algo similar ocurre con la licitación de afiliados, uno de los instrumentos más cuestionados de la reforma. Tal como quedó en la Ley, la licitación no conduce a una mejora en el monto de las pensiones, es más, podría tener el efecto contrario si llegase a impactar negativamente la rentabilidad.

Desde FIAP observamos este proceso con especial atención. La Federación ha acompañado reformas previsionales en distintos países de la región y conoce de primera mano los riesgos que surgen cuando la implementación no recibe la misma atención que el diseño.

En ese contexto, estamos disponibles para colaborar técnicamente con las autoridades entrantes, aportando evidencia comparada y una mirada de largo plazo que contribuya a una implementación ordenada, creíble y consistente con los objetivos previsionales de la reforma.

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