Colombia. El giro que está dando el sistema pensional con los dos nuevos decretos que empezaron a operar recientemente

Para los expertos, dichas normas introducen ajustes estructurales sin modificar el marco legal base.
Aplicaciones de Nequi y Bancolombia suspenderán su servicio temporalmente en estas dos fechas.

Desde hace algunas semanas, el sistema pensional colombiano empezó a mostrar un giro relevante a partir de la entrada en operación de dos decretos recientes del Gobierno Nacional que, sin modificar la ley base del modelo, están alterando la distribución de riesgos y se administra el ahorro de quienes cotizan y se pensionan en los fondos privados.

Para los expertos, se trata de ajustes estructurales que ya están teniendo efectos prácticos sobre las mesadas y las expectativas de los afiliados. Uno de los cambios más sensibles se introdujo con el Decreto 1485 de 2025, que modificó el manejo del deslizamiento del salario mínimo en las rentas vitalicias del Régimen de Ahorro Individual.
Según Andrés Felipe Izquierdo Aguiar, gerente de Integral Soluciones Pensionales (ISP), hasta ahora, cuando una pensión equivalente a un salario mínimo crecía por encima del IPC, esa diferencia era asumida por la Nación. Con la nueva norma, ese riesgo dejó de ser público y pasó a recaer sobre las aseguradoras que ofrecen este producto.

“Este traslado de riesgo tiene implicaciones directas sobre los afiliados, pues obliga a las aseguradoras a exigir mayores montos de ahorro para poder garantizar una renta vitalicia de por vida. Quienes no cuenten con un capital cercano a los 530 millones de pesos podrían ver limitada su posibilidad de acceder a este tipo de pensión, lo que en la práctica encarece el camino hacia una jubilación estable dentro del régimen privado”, acotó.
El segundo decreto en cuestión introdujo restricciones a la inversión de los fondos pensionales en el exterior, un componente clave para la diversificación del riesgo y la rentabilidad de largo plazo.

“La norma establece que el límite máximo de inversión internacional, hoy cercano al 50%, deberá reducirse gradualmente al 30% en un horizonte de cinco años, lo que ha encendido alertas entre analistas y administradores de fondos y acá, las preocupaciones se explican, en buena parte, por el comportamiento histórico de los portafolios”, indicó Izquierdo Aguilar.
De acuerdo con los datos conocidos, en los últimos diez años las inversiones en el exterior han registrado una rentabilidad promedio de 8,5%, frente a retornos cercanos al 3,7% en el mercado local. Reducir esa exposición, advierten los expertos, podría afectar la capacidad de los fondos para sostener mesadas en el tiempo, especialmente en un entorno de mayor volatilidad financiera.

“El impacto de estas decisiones no es igual para todos en el sistema, ya que los pensionados más expuestos son aquellos en retiro programado dentro de los fondos privados, un grupo que suma alrededor de 228.000 personas y representa cerca del 68% de los jubilados de las AFP. En estos casos, la mesada depende del comportamiento del portafolio y no cuenta con una garantía plena de indexación al IPC”, resaltaron.
En contraste, los pensionados de Colpensiones, que superan los 1,8 millones de personas, no se ven afectados por estos decretos, ya que sus mesadas están respaldadas por el presupuesto público y mantienen reglas distintas de ajuste. Debido a ello, más allá del impacto financiero, los expertos coinciden en que uno de los mayores problemas ha sido la falta de pedagogía alrededor de estos cambios.

“Muchos pensionados han empezado a notar reducciones significativas en sus mesadas, en algunos casos de hasta 34% de reducción, sin tener claridad sobre las razones ni sobre las alternativas disponibles para solicitar recálculos o ajustes administrativos y judiciales”, dijo el vocero de Integral Soluciones Pensionales.
En ese contexto, este experto cerró destacando que el sistema pensional no está siendo reformado formalmente, pero sí está siendo reconfigurado en la práctica, dado que los decretos introducen señales claras sobre una redistribución del riesgo que busca reducir la exposición fiscal del Estado, pero que aumenta la responsabilidad individual del afiliado.

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