La mayoría mantiene sistemas públicos de reparto de prestación definida como el español, pero crecen aquellos en los que pesan más las aportaciones del trabajador, según recoge un estudio del Instituto de Actuarios de España.

La salud del sistema español de pensiones es una cuestión sobre la que se siembran dudas de forma recurrente. Aunque sus números rojos (cerca de 7.400 millones, el 0,4% del PIB, en 2025) están en el nivel más bajo desde 2011, este es solo el déficit visible. Actualmente, prácticamente uno de cada cuatro euros que abona el sistema a los pensionistas (incluyendo todo tipo de prestaciones) procede de los impuestos generales y no de las cotizaciones que aportan empresas y trabajadores. Si se excluyeran las transferencias del Estado, la Seguridad Social presentaría en 2025 un déficit que sobrepasaría los 50.000 millones de euros, según cálculos realizados por la autoridad fiscal (Airef). Incluso quedaría por encima de los 60.000 millones, de acuerdo con las estimaciones de los economistas de Fedea. Cualquiera de estas cantidades sería muy superior al déficit público total español.

Por ese motivo, hace años que el sistema de pensiones español dejó de ser puramente contributivo (algo que ha ocurrido cuando las prestaciones se financiaban casi exclusivamente con cotizaciones sociales) y ahora se complementa con las transferencias del Estado, con lo que su déficit oficial es mucho menor.

El modelo español de pensiones está entre los denominados de reparto (los trabajadores en activo pagan con sus cotizaciones las pensiones de los ya jubilados) y del tipo de prestación definida (el legislador fija la fórmula para calcular la pensión). En el caso de España, dicha fórmula tiene fundamentalmente en cuenta el salario, los años cotizados y el momento de la jubilación. Su financiación es la socialmente aceptada en España (cotizaciones e impuestos), pero hay dos elementos principales que han empezado a amenazar las costuras del sistema.

El primero de ellos es la presión demográfica que vendrá por la jubilación, en los próximos años, de los nacidos en el baby boom y la menor población que se incorpora al mercado laboral. Un segundo factor es propio del diseño del sistema, con una tasa de retorno cercana al 80% (es decir, el porcentaje del último sueldo que se recibe a través de la pensión). Esto hace que, según ha calculado el Instituto de Actuarios de España —formado por los profesionales que, a través de las matemáticas, la estadística y la economía evalúan riesgos financieros para diseñar sistemas sostenibles de seguros, pensiones y previsión social— el sistema español de pensiones entregue por término medio, tomando un individuo tipo, un 60% (con el cobro de la pensión) más de lo que ha aportado (con el pago de cotizaciones). Si esta medición de la generosidad del sistema se hace en términos agregados, esto es calculando todo lo que entra y lo que sale del sistema, el modelo español devuelve entre un 12% y un 25% más de lo que se aporta, según estos cálculos.

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