“El principal riesgo macroeconómico de la reforma radica en el aumento de los costos laborales paras empleadores”.

Eso es lo que afirma la directora del centro de estudios financieros del ESE Business School de la Universidad de Los Andes, Cecilia Cifuentes, en un estudio que hizo sobre los “Desafíos en la implementación de la reforma de pensiones”, donde recuerda que según esta ley, “la cotización adicional de 6,5 puntos porcentuales se implementa de manera gradual en nueve años y recae íntegramente sobre los empleadores. En un mercado laboral con alta informalidad, este encarecimiento del costo laboral puede generar menor creación de empleo formal, mayor desempleo, mayor evasión previsional y presión a la baja sobre los salarios líquidos”.

De hecho, la economista asegura que “los datos de años recientes muestran que el Índice Real de Costo Laboral ha subido a una velocidad mayor que el Imacec”.

Por eso, Cifuentes propone hace un ajuste en lo aprobado en. la reforma previsional. Afirma que “una forma de aliviar esta presión de costos laborales, que se suma a la reducción de jornada y al fuerte aumento del salario mínimo en años recientes, sería que aquel aumento de cotización que va a las cuentas individuales sea de cargo del trabajador”.

En ese sentido, explica que “dado que la elasticidad de oferta de trabajo suele ser menor que la elasticidad de demanda, en la práctica la carga de la cotización en el mediano plazo cae en mayor proporción en los trabajadores. Sin embargo, si la cotización es de cargo del empleador, el trabajador lo paga a través de mayor informalidad y desempleo, mientras que cuando es de cargo del trabajador, el impacto es directo hacia menor sueldo líquido. Esto último resulta menos perjudicial, sobre todo porque esa parte de la cotización no es un impuesto, sino mayor ahorro en su cuenta individual”.

Al respecto, proyecta que “esta modificación reduciría el costo laboral para los empleadores sin alterar el monto total de recursos que ingresa al sistema previsional. Tiene además un beneficio fiscal bastante significativo. Según el Informe Financiero de la reforma, atenuar el aporte previsional de los empleadores generaría en régimen un ahorro para el Gobierno Central del orden de US$ 1.300 millones anuales, derivado del menor costo laboral y la mayor recaudación del impuesto a la renta, producto de menores costos laborales en las empresas, a lo que se sumaría la reducción de costos en instituciones descentralizadas del Estado”.

La ley establece que una vez en régimen, es decir, al noveno año desde implementada la reforma previsional (2033), 4,5 puntos de cotización adicionales van a las cuentas de capitalización individual, 1,5 puntos se destinan al préstamo con rentabilidad protegida y 2,5 puntos van al Seguro Social. “De este total de 8,5 puntos, cerca de 2 puntos ya cotizaban los empleadores para financiar el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS)”, puntualiza el informe de Cifuentes.

Ahora, esos son los plazos si todo marcha de acuerdo a lo previsto. Pero la gradualidad podría extenderse a once años en el caso de que la evaluación que se hará a fines de 2027 de la Ley de Cumplimiento Tributario dé cuenta de una menor recaudación a la esperada. El gobierno actual ya ha dicho que hubo una sobreestimación de los ingresos esperados por la Ley de Cumplimiento Tributario para 2026.

Los otros desafíos

Lo cierto es que Cifuentes hizo un análisis de la reforma y su implementación en distintos ámbitos, del que sacó varias conclusiones. Primero, que “la reforma de pensiones ha logrado parcialmente sus objetivos principales. La legitimidad social del sistema ha mejorado; las pensiones ya no encabezan la lista de prioridades ciudadanas. Sin embargo, los avances en materia de ahorro individual son aún limitados”, asegura.

Además, afirma que “la mejora en pensiones (desde 2018) se explica por la PGU, no por el ahorro individual, evidenciando el daño que generaron los retiros extraordinarios de la pandemia. Esta dependencia del pilar solidario plantea un riesgo fiscal de largo plazo”.

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